Sin Redundar

Por Carlos Avendaño.

El senador ausente: cobrar sí, aparecer no. El flamante senador morenista Enrique Inzunza Cázarez volvió a ausentarse de sus actividades en el Senado, según los últimos reportes más recientes. Y con ello reaparece una pregunta que suele irritar al ciudadano más que cualquier discurso político: ¿Es aceptable que un funcionario de alto nivel mantenga sus percepciones completas mientras acumula ausencias al trabajo? Porque aquí el debate deja de ser partidista y empieza a convertirse en asunto de representación pública. El salario de los legisladores proviene del erario, es decir, del bolsillo de todos los ciudadanos, y esto inevitablemente eleva el estándar de exigencia. Hace apenas un par de días, el senador Javier Corral Jurado sostuvo que Enrique Inzunza Cázarez no estaba escondiéndose e inclusive lo veía tranquilo, dispuesto a enfrentar señalamientos y continuar con sus funciones. Sin embargo, estas nuevas ausencias alimentan otra vez la discusión pública. Porque en política importa la explicación, pero también importa la presencia, y hasta la ironía resulta incómoda. Millones de trabajadores faltan a sus empleos y enfrentan descuentos de manera inmediata. Mientras tanto, cuando se trata de figuras políticas, el ciudadano suele preguntarse si existen reglas distintas. Claro que desde luego que conviene precisar algo: una ausencia aislada no prueba incumplimiento permanente ni elimina automáticamente derechos laborales o parlamentarios, porque para ello existen las licencias, las justificaciones y las dinámicas institucionales. Pero cuando las faltas empiezan a acumularse en medio de las controversias políticas, el costo deja de ser administrativo y se vuelve reputacional. Porque el problema ya no es únicamente en dónde está el senador, sino que la pregunta suele cambiar inmediatamente: ¿Está ejerciendo plenamente la representación para la que fue electo? Y esta duda pesa, más cuando Sinaloa atraviesa por una etapa compleja en donde la seguridad, la economía y la gobernabilidad, exigen interlocución política activa. La percepción ciudadana suele ser brutalmente simple: si alguien ocupa un cargo público, esperan verlo trabajando, y no sólo cobrando. Quizá el punto central no sea cuántas ausencias existen, sino que la discusión verdadera es otra: ¿Cuánta ausencia soporta la representación antes de convertirse en desconexión? Porque la política mexicana tiene memoria selectiva, pero los ciudadanos suelen recordar algo con precisión: ¿Quién estuvo presente y quién desapareció cuando más preguntas había?…

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fue citada para comparecer ante la Fiscalía General de la República ayer martes 27 de mayo por el caso relacionado con el narcolaboratorio desmantelado en la Sierra Tarahumara y la presunta presencia de agentes estadounidenses durante el operativo. Y la escena política vuelve a tensarse, porque lo que comenzó como un golpe importante contra las estructuras criminales, terminó derivando en otro debate: ¿Quién autorizó la participación o presencia de personal extranjero? La propia Maru Campos había sostenido previamente que ni ella ni funcionarios estatales autorizaron la presencia de los agentes estadounidenses y pidió que se investigara “caiga quien caiga”. Ahora aparece un nuevo capítulo: la comparecencia ante autoridades federales. Pero aquí conviene precisar algo muy importante. Un citatorio o comparecencia no implica automáticamente responsabilidad penal, tampoco equivale a acusación formal. Puede formar parte de procesos para recabar información, esclarecer hechos o deslindar responsabilidades institucionales. Pero políticamente el impacto existe, porque la gobernadora que respondió con firmeza a señalamientos de MORENA, ahora enfrenta preguntas desde otro frente: la autoridad investigadora federal, y la ironía política resulta inevitable. Hace semanas algunos actores exigían explicaciones sobre la cooperación con las agencias extranjeras. Hoy el asunto parece avanzar hacia mecanismos institucionales. La pregunta incómoda empieza a cambiar: ya no sólo es si hubo presencia extranjera. La cuestión es: ¿Bajo qué condiciones ocurrió? ¿Quién estaba enterado? y ¿Qué protocolos se siguieron? Porque si existió cooperación irregular, el debate toca la soberanía. Pero si hubo coordinación permitida o conocimiento institucional más amplio, entonces la discusión cambia de naturaleza. Mientras tanto, el caso sigue creciendo. Primero fue el aseguramiento del narcolaboratorio, después las muertes de agentes mexicanos y de estadounidenses en un accidente, luego los señalamientos políticos, y ahora las comparecencias. La política mexicana tiene una costumbre: cuando un expediente comienza a acumular demasiados capítulos, rara vez permanece pequeño. Y este ya dejó de ser exclusivamente un asunto de seguridad, para empezar a convertirse también en una disputa institucional y política. Entre Chihuahua, la CIA y ahora la FGR, el caso viene escalando a otro nivel…

Recibos de luz: cuando abrir el sobre de la CFE ya parece deporte extremo. Aquí seguimos cooperando con los reportes ciudadanos sobre los altos cobros en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que llegaron por demás que alterados o simplemente imposibles de explicar con alguna lógica doméstica. Luz para uso doméstico, mismo bimestre, mismo hogar, mismos aparatos eléctricos. Pero eso sí, el recibo de la energía eléctrica aparece con algunos incrementos de hasta el 200% con respecto al año anterior. Y entonces surge la inevitable pregunta que muchos mexicanos empiezan a hacerse frente al medidor, ¿Qué más estaremos pagando además del consumo de la energía eléctrica? Porque una cosa es el aumento por la temporada de calor o de mayor uso del aire acondicionado, pero por otro lado, muy distinta son las diferencias tan abruptas que convierten el recibo en un documento de ciencia ficción financiera. Y disculpen la desconfianza ciudadana, pero cuando tenemos muy de cerca el proceso electoral en México para este año 2027, cualquier incremento resulta por demás extraño y termina alimentando las sospechas. No porque existan pruebas automáticas de irregularidad, sino porque la credibilidad institucional se erosiona cuando las explicaciones nunca llegan con la misma velocidad que los cobros de la CFE. Lo más desesperante es la sensación de indefensión que tienen los ciudadanos sinaloenses. Si el recibo está mal, el ciudadano reclama. Si reclama, enfrenta trámites. Si enfrenta trámites, muchas veces termina pagando primero y aclarando después. Porque en México parece existir una regla silenciosa: el sistema rara vez pierde, aunque se equivoque. Mientras tanto, cientos de familias completas hacen sus cuentas imposibles: pagar electricidad para soportar temperaturas extremas o ajustar el gasto en comida, en transporte o en medicamentos. La ironía resulta por demás brutal. En el país que presume soberanía energética, millones de personas viven con miedo de abrir el recibo de la luz. Y así seguimos, entre estimaciones, subsidios poco claros, consumos “ajustados” y bolsillos cada vez más vacíos. Porque cuando el salario ya no alcanza y el recibo se dispara, la molestia deja de ser económica y empieza a convertirse en agravio. Y como diría Marco Antonio Solís “El Buki”: ¿A dónde vamos a parar? Porque al ritmo que van algunos recibos, primero se apaga el bolsillo antes que el foco…

Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…

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