Donación de inmueble de salud a universidad desata críticas por presunto abandono del sistema sanitario en Nayarit.
Redacción 
Por Ricardo Reyes.
En una decisión que ha encendido fuertes críticas en diversos sectores, las Comisiones de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, junto con Administración y Políticas Públicas, aprobaron el proyecto de decreto que autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a desincorporar un inmueble del patrimonio de los Servicios de Salud de Nayarit para donarlo a la Universidad Nacional Rosario Castellanos.
La medida ha sido calificada por voces críticas como un nuevo ejemplo de la progresiva pérdida de activos del sistema estatal de salud, en un contexto donde hospitales y centros médicos enfrentan carencias estructurales, falta de insumos, saturación de servicios y rezagos históricos en infraestructura.
Para diversos analistas y observadores, la decisión no solo resulta cuestionable por su oportunidad, sino por lo que representa: la continuidad de una política pública que estaría debilitando deliberadamente el patrimonio sanitario del estado, mientras las necesidades urgentes de atención médica siguen sin resolverse.
Aunque el dictamen fue justificado bajo el argumento del fortalecimiento educativo mediante la expansión de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, las críticas apuntan a la ausencia de un análisis público profundo sobre el impacto que tendrá la desincorporación de un bien perteneciente al sector salud, especialmente en un estado con déficits persistentes en cobertura médica.
También se ha señalado la falta de transparencia en torno a elementos clave del proceso legislativo, como la valoración del inmueble, su estado actual, su utilidad dentro del sistema de salud y las razones técnicas que sustentan su transferencia a otra institución pública, lo que ha alimentado sospechas de decisiones tomadas sin suficiente escrutinio social.
Sectores opositores advierten que este tipo de acciones refuerzan la percepción de que el patrimonio público del área de salud está siendo reconfigurado sin una estrategia clara, en detrimento de un sistema que ya opera bajo presión y con limitaciones severas para atender a la población.
En contraste con los anuncios de expansión educativa, ciudadanos y trabajadores del sector salud han reiterado que la prioridad debería ser el rescate y fortalecimiento de la red hospitalaria estatal, no la reducción de sus activos inmobiliarios, en un escenario donde la demanda de servicios médicos continúa en aumento.
Hasta el momento, no se han presentado explicaciones detalladas sobre el impacto operativo que tendrá la desincorporación del inmueble ni sobre si existen alternativas que permitan conciliar el desarrollo educativo con la preservación de la infraestructura sanitaria existente.
La propuesta continuará su trámite legislativo en el Congreso del Estado, donde se anticipa que el debate podría intensificarse ante las crecientes críticas públicas.
