ENTRE DISCURSOS “INCLUYENTES” Y REGALOS POLÍTICOS: EL CONGRESO DE NAYARIT APRUEBA REFORMAS DE ORNATO Y DONACIONES A MODO.
Redacción 
Por Ricardo Reyes.
Mientras miles de nayaritas enfrentan un sistema de salud colapsado, hospitales sin medicamentos y servicios públicos cada vez más deteriorados, el Congreso del Estado volvió a demostrar que vive desconectado de la realidad social.
En una Sesión Pública Ordinaria, las y los diputados aprobaron reformas a la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit bajo el argumento de fortalecer la “igualdad sustantiva”, la “perspectiva de género” y actualizar denominaciones de entes públicos. Sin embargo, detrás del lenguaje políticamente correcto y de los discursos llenos de lugares comunes, lo aprobado parece más una operación de maquillaje legislativo que una solución real para las personas con discapacidad.
La pregunta obligada es: ¿de qué sirve cambiar conceptos y nombres institucionales cuando las banquetas siguen siendo inaccesibles, el transporte público excluye diariamente a personas con movilidad reducida y las oportunidades laborales continúan cerradas para este sector?
Las reformas, aunque presentadas como un avance histórico, carecen de impacto tangible inmediato. Una vez más, el Poder Legislativo apuesta por modificar palabras en el papel mientras evade atender los problemas estructurales que enfrentan miles de familias nayaritas. Mucho discurso de inclusión, pero poca voluntad presupuestal y nulos resultados visibles.
Pero el punto más polémico de la sesión fue la aprobación del decreto que autoriza al Poder Ejecutivo, por conducto de los Servicios de Salud de Nayarit, a desincorporar un inmueble público para donarlo a la Universidad Nacional Rosario Castellanos.
La decisión ha comenzado a generar cuestionamientos por tratarse de un patrimonio perteneciente al sector salud, precisamente uno de los sistemas más golpeados y abandonados en el estado. En lugar de fortalecer la infraestructura médica, ampliar clínicas o destinar espacios para atender el rezago hospitalario, el gobierno opta por desprenderse de bienes públicos bajo una narrativa educativa que deja más dudas que certezas.
Resulta difícil ignorar el trasfondo político de esta donación. La Universidad Nacional Rosario Castellanos es uno de los proyectos impulsados desde el centro del país y alineados con la agenda política federal, por lo que la entrega del inmueble parece responder más a compromisos políticos que a una verdadera planeación estatal.
La opacidad también rodea el proceso. No se ha transparentado con claridad el valor real del inmueble, el impacto patrimonial para el estado ni los estudios técnicos que justifiquen por qué un bien administrado por Servicios de Salud termina en manos de otra institución. Tampoco existe información suficiente sobre los beneficios concretos para la ciudadanía ni sobre las condiciones de la transferencia.
En los hechos, el Congreso local volvió a actuar como una oficialía de partes del Ejecutivo estatal: reformas simbólicas para alimentar el discurso progresista y donaciones de patrimonio público aprobadas sin debate profundo ni contrapesos reales.
Mientras tanto, los nayaritas siguen esperando hospitales funcionales, medicinas, atención digna y políticas públicas que vayan más allá de la propaganda legislativa.
