¿Justicia o subordinación corporativa? Fiscalía de Nayarit criminaliza la defensa ambiental en Punta de Mita.
Redacción 
Por Carlos Hartig.
En un alarmante giro que evidencia la alarmante vulnerabilidad de la defensa del territorio en México, la Fiscalía General del Estado de Nayarit ha optado por blindar los intereses del capital privado por encima de los derechos comunales y ambientales. Un Juez de Primera Instancia con sede en Bucerías liberó órdenes de aprehensión dentro de la causa penal 359/2026 en contra de pobladores de Emiliano Zapata y Nuevo Corral del Risco. ¿Su delito? Salir a protestar pacíficamente el pasado 27 de abril para frenar las obras de infraestructura turística de lujo que destruyen el entorno natural y privatizan los accesos a la Playa Las Cocinas, en Bahía de Banderas.
La celeridad con la que el aparato de justicia nayarita procesó la denuncia penal interpuesta por la empresa Cantiles de Mita S.A. de C.V. (filial del poderoso Grupo DINE) resulta, por decir lo menos, sospechosa y selectiva. Mientras los canales burocráticos suelen congelar las denuncias de despojo territorial o daño ecológico interpuestas por la ciudadanía, a la corporación inmobiliaria se le concedieron de inmediato mandatos judiciales bajo cargos desproporcionados: amenazas, daño en las cosas, asociación delictuosa y apología del delito. Esta flagrante fabricación de carpetas persigue un objetivo nítido: sofocar mediante el miedo la legítima resistencia social y pesquera de Punta de Mita.
El agravio contra la comunidad es doblemente cínico si se analiza la cronología de los hechos. El mismo 27 de abril en que la empresa radicaba su querella criminal, sus representantes simulaban voluntad política sentándose en una «mesa de diálogo» junto al Comité Puntamitense, autoridades locales y dependencias federales como SEMARNAT y PROFEPA. Esta estrategia de doble vía —negociar de fachada mientras se activa la persecución penal en las sombras— demuestra que para el Grupo DINE y las autoridades estatales, la concertación es solo una maniobra de distracción para consumar el despojo de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT).
La raíz del conflicto radica en la exigencia irrenunciable del pueblo: el estricto respeto a la franja legal de 20 metros contiguos a la playa que la ley mexicana etiqueta como bien de dominio público no privatizable. Frente a la destrucción de una playa que además funge como santuario y zona de desove de tortugas marinas, la empresa ha intentado regatear la legalidad ofreciendo recorrer su barda cinco o diez metros; un absurdo estire y afloje avalado implícitamente por el gobierno estatal, que prefiere negociar la ley con el consorcio antes de hacerla valer frente a los desarrollos exclusivos de Cantiles de Mita.
Ante la gravedad del acoso judicial, más de una veintena de agrupaciones civiles y defensoras de derechos humanos, entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), RED TDT y Oceana, han emitido un enérgico pronunciamiento dirigido a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. El silencio del Ejecutivo Federal ante la violencia institucionalizada en Nayarit contrasta de forma preocupante con recientes cancelaciones de megaproyectos turísticos depredadores en otras costas del país. La omisión federal solo engorda la impunidad regional de los capitales inmobiliarios.
La defensa legal de los activistas —pobladores humildes, pescadores y prestadores de servicios turísticos locales— ha logrado contener temporalmente las detenciones mediante juicios de amparo. Sin embargo, la imposición de fianzas que resultan onerosas para la economía de los imputados devela una estrategia de asfixia financiera. La exigencia social es tajante: no basta con suspender provisionalmente las capturas; se demanda la cancelación absoluta de las órdenes de aprehensión, el cese inmediato del hostigamiento judicial y una garantía real de protección. Las playas son patrimonio de la nación, y defenderlas jamás debería tratarse como un acto de delincuencia organizada.
