Redacción 
Zapata
Por Javier Zapata.
“Hay deudas que se pagan con dinero. Otras con derrotas políticas.
Algunas con renuncias y las que son sancionadas”.
Pero existe una deuda mucho más pesada: La deuda moral de quienes tuvieron el poder para actuar y decidieron no hacerlo.
México acumula miles de desaparecidos.
Miles de familias rotas.
Miles de expedientes olvidados.
Y detrás de esa tragedia existe algo que tarde o temprano alcanzará a muchos funcionarios, funcionarias y titulares del Ejecutivo: La responsabilidad histórica de la omisión.
Porque en política no solamente pesa lo que se hace. También pesa lo que deliberadamente se dejó de hacer.
Cada llamada ignorada.
Cada denuncia archivada.
Cada colectivo abandonado.
Cada búsqueda suspendida.
Cada operativo cancelado.
Cada funcionario que prefirió cuidar una imagen pública antes que enfrentar una red criminal.
Todo eso construyó la crisis que hoy exhibe al país ante organismos internacionales.
Muchos gobiernos pensaron que administrar el silencio era suficiente.
Creyeron que minimizar cifras controlaría el daño.
Supusieron que el tiempo borraría la indignación.
Pero la desaparición de personas tiene algo distinto a cualquier otra crisis: Las familias nunca dejan de buscar y son las que encuentran.
Y mientras exista una madre caminando entre fosas clandestinas, la responsabilidad política jamás desaparece.
Los cargos públicos son temporales.
“La memoria social no”.
Por eso habrá funcionarios y funcionarias que quizá nunca enfrenten una sentencia judicial, pero sí enfrentarán el juicio permanente de la ciudadanía.
Porque la gente recuerda quién escuchó. Pero también recuerda quién se escondió.
Recuerda quién acompañó a las víctimas. Y quién prefirió blindarse detrás de escoltas, comunicados y discursos vacíos.
La historia política de México está llena de personajes que confundieron poder con impunidad.
Creyeron que el cargo los protegería para siempre.
Hasta que la realidad terminó derrumbando sus narrativas.
Y en temas de desaparición, el costo político apenas comienza.
Porque la ciudadanía mexicana ya no solamente exige seguridad. Ahora exige responsabilidades.
Responsabilidades para quienes permitieron que territorios enteros fueran controlados por el miedo.
Responsabilidades para quienes callaron ante denuncias.
Responsabilidades para quienes utilizaron fiscalías como instrumentos políticos mientras las víctimas seguían desapareciendo.
En estados como Nayarit, donde la sociedad ha vivido episodios de abuso de poder, impunidad y vínculos oscuros entre estructuras criminales y autoridades, el tema ya no puede esconderse debajo de la alfombra institucional.
La ciudadanía observa.
Las familias documentan.
Los colectivos registran nombres, fechas y omisiones.
Y tarde o temprano llegará el momento en que el pueblo cobre políticamente aquello que el Estado no quiso resolver jurídicamente.
Porque una sociedad puede perdonar errores. Lo que difícilmente perdona es la indiferencia.
Especialmente cuando esa indiferencia costó vidas, desapariciones y años de sufrimiento para cientos de familias.
Los gobiernos pasan.
Los discursos terminan.
Las campañas se olvidan.
Pero las madres buscadoras siguen caminando.
Y cada paso que ellas dan sobre la tierra removida es también un recordatorio incómodo para quienes tuvieron autoridad y no estuvieron a la altura de su responsabilidad histórica.
Porque existe una verdad que ningún aparato político podrá borrar:
“El poder no absuelve la omisión cuando la tragedia alcanza a un pueblo entero”.
