Los mexicanos ya llevamos pagado una quincena al senador Inzunza, quien no se ha presentado a trabajar.

Ciudad de México (RRC): Transcurren las semanas, pasan las sesiones y el escaño que le corresponde al senador Enrique Inzunza Cázarez, representante de Sinaloa por el partido Morena, sigue vacío. Ya son tres las ocasiones consecutivas en las que falta a las reuniones de la Comisión Permanente, el órgano legislativo que funciona cuando el Congreso no está en periodo de sesiones ordinarias, y mientras tanto, los mexicanos seguimos cubriendo su sueldo y todas las prestaciones que recibe como servidor público.

Haciendo cuentas, el dinero que ha percibido desde que comenzó a ausentarse equivale ya al pago de una quincena completa, todo ello proveniente de los impuestos que pagan las familias, los trabajadores y los empresarios de todo el país. Es un recurso que sale del bolsillo de todos para financiar la labor legislativa, la representación de los intereses de la ciudadanía y la toma de decisiones que impactan la vida nacional, pero que en este caso se entrega a cambio de nada.

La situación ha generado un amplio malestar social y un cuestionamiento legítimo: ¿Por qué se le paga a alguien que no cumple con su trabajo? ¿Dónde está la responsabilidad de quien fue elegido para servir y representar?

Las ausencias del senador Inzunza se dan justo en medio de una polémica que ha puesto los ojos de todo el país y del mundo sobre su figura: recientemente fue mencionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en un informe que lo señala por presuntos vínculos con grupos delictivos, acusaciones que él mismo ha rechazado, pero que hasta el momento no han sido aclaradas ni desmentidas con pruebas contundentes, y que siguen pendientes de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Sin embargo, más allá de cualquier acusación o proceso legal, lo que ahora mismo está sobre la mesa es su deber como legislador. La Comisión Permanente es el espacio donde se toman acuerdos, se analizan temas urgentes, se vigila el actuar del gobierno y se mantiene la actividad del Poder Legislativo en momentos clave; faltar a sus sesiones significa dejar de participar en discusiones y decisiones que afectan directamente a los ciudadanos, y en el caso de Inzunza, significa también dejar sin voz y sin representación a los habitantes de Sinaloa que lo eligieron para estar ahí.

Para muchos, esta situación refleja una vieja costumbre que la ciudadanía ya no está dispuesta a tolerar: que los cargos públicos se vean como un beneficio personal, un medio para obtener ingresos y privilegios, y no como una obligación, un servicio y un compromiso con el país.

Desde diferentes sectores se ha alzado la voz para exigir respuestas y, sobre todo, acciones. Se pregunta si no existen mecanismos para sancionar estas faltas, para descontar del sueldo lo que no se trabaja o para exigir que quien no puede o no quiere cumplir con su deber deje su lugar a alguien que sí lo haga.

Mientras eso sucede, cada día que pasa, cada sesión a la que no asiste, es dinero que los mexicanos pagamos y que se desperdicia. Ya va una quincena completa, y la cuenta sigue creciendo, al mismo tiempo que crece la desconfianza de la gente hacia sus representantes y la exigencia de que la política y el servicio público cumplan realmente con su propósito: trabajar para todos.

La sociedad espera respuestas, pero sobre todo espera que se haga valer la ley, la responsabilidad y el sentido común: que quien reciba un pago del Estado, reciba algo a cambio. Porque al final del día, ese dinero es de todos, y nadie tiene derecho a cobrar por no trabajar.