Redacción 
Por Carlos Hartig.
La crisis de desabasto de medicamentos en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puerto Vallarta ha dejado de ser una deficiencia administrativa para convertirse en una vulneración sistemática a los derechos de los trabajadores. Rafael Yerena Zambrano, líder de la CTM en la región, ha puesto el dedo en la llaga al señalar que, a pesar de la labor del personal médico, la institución falla en su promesa básica: proveer la cura. En un destino que se jacta de su crecimiento económico, resulta paradójico que quienes sostienen la industria turística —hoteleros, restauranteros y transportistas— se enfrenten a farmacias vacías al concluir sus jornadas.
Resulta alarmante que, mientras el Gobierno Federal presume la consolidación de un sistema de salud de primer mundo, la realidad en la costa jalisciense sea la de una carencia crónica. La escasez no solo afecta la economía familiar de los empleados, quienes se ven obligados a costear fármacos de sus bolsillos tras haber pagado puntualmente sus cuotas obrero-patronales, sino que también pone en riesgo la estabilidad de pacientes con enfermedades crónicas. El IMSS en Vallarta opera bajo una presión desmedida, donde la demanda de una ciudad turística vibrante ha superado con creces la capacidad de gestión y suministro de la institución.
El testimonio de la dirigencia cetemista es un reflejo de la frustración acumulada en las salas de espera. No es un problema de «falta de voluntad» del personal operativo, sino de una estructura centralizada que parece ignorar las particularidades de los polos turísticos. En Puerto Vallarta, la salud es el motor de la productividad; sin embargo, el Seguro Social se ha convertido en un obstáculo para la competitividad al no garantizar tratamientos oportunos. La gestión de mejoras, mencionada por Yerena, no debería ser una labor de ruego constante por parte de los sindicatos, sino una obligación automática del Estado.
A nivel nacional, el caso de Vallarta expone las costuras de un sistema de salud que prioriza las cifras macroeconómicas sobre el bienestar individual. La retórica oficial sobre la recuperación del sector salud choca de frente con el desabasto que sufren miles de familias vallartenses. Es inaceptable que una ciudad que aporta tanto al Producto Interno Bruto (PIB) nacional sea tratada con negligencia presupuestaria. El IMSS parece haber olvidado que detrás de cada afiliado hay una familia cuya calidad de vida depende de una receta surtida, no de una promesa de gestión futura.
Incluso ante la resiliencia del destino frente a episodios de inseguridad, como los disturbios del pasado febrero, el sistema de salud sigue siendo el flanco más débil de Puerto Vallarta. La capacidad de recuperación turística del puerto es admirable, pero es una fortaleza cimentada sobre trabajadores que hoy se sienten desprotegidos. La estabilidad social de la región no puede depender exclusivamente de la llegada de cruceros o vuelos internacionales; requiere, de manera urgente, que el IMSS deje de ser un ente burocrático ineficiente y recupere su función de red de seguridad social.
Finalmente, el llamado de la CTM debe interpretarse como una última advertencia antes de que la crisis sanitaria local escale a conflictos laborales de mayor calado. La paciencia de la clase obrera tiene un límite, y ese límite es la salud de sus hijos y adultos mayores. Si el IMSS nacional no atiende con urgencia el desabasto en el litoral de Jalisco, estará confirmando que la transformación de la salud es, por ahora, una narrativa de escritorio que no llega a las farmacias de quienes realmente mantienen vivo a México.
