Nayarit presume “éxito” en homicidios mientras el crimen organizado paraliza municipios y genera terror.

Por Ricardo Reyes.

El gobierno del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero celebra con bombo y platillo una supuesta reducción del 47.2% en el promedio diario de homicidios dolosos entre enero-abril de 2025 y el mismo periodo de 2026, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Sin embargo, esta narrativa oficial contrasta fuertemente con la realidad que viven miles de nayaritas: un estado vulnerable al crimen organizado, donde detenciones de capos generan olas de narcobloqueos, incendios y pánico colectivo.

La entidad presume posicionarse entre las de “mayor avance” nacional y registrar apenas el 0.5% del total de víctimas en abril (8 casos). Pero estas cifras relativas ocultan un problema estructural: Nayarit sigue siendo un territorio disputado por grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia activa de narco y violencia que desborda cualquier “Mesa Estatal de Construcción de la Paz”.

Apenas en abril de 2026, la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero” —presunto operador clave del CJNG—, desató una ola de violencia que incluyó bloqueos carreteros, quema de vehículos y comercios en municipios como Tecuala, Acaponeta y Ahuacatlán. Las autoridades estatales llegaron al extremo de pedir a la población “resguardarse en sus hogares” de forma preventiva, admitiendo implícitamente la pérdida temporal del control territorial.

Expertos y analistas han señalado recurrentemente que las reducciones en homicidios dolosos pueden responder más a cambios en la dinámica criminal —como pactos implícitos, subregistro o desplazamiento de la violencia hacia extorsiones, desapariciones y otros delitos de bajo perfil en las estadísticas— que a una estrategia efectiva de seguridad. Mientras el gobierno habla de “coordinación” y “operativos permanentes”, la ciudadanía en regiones del norte y costa enfrenta extorsiones, balaceras esporádicas y un clima de inseguridad que no se refleja en los promedios diarios.

Navarro Quintero, quien ha hecho de la seguridad una bandera política, repite el discurso de “resultados positivos” y “trabajo coordinado”. Sin embargo, críticos cuestionan si el estado no está simplemente gestionando la violencia en lugar de erradicarla, permitiendo que el crimen organizado mantenga influencia territorial a cambio de una baja en las cifras más visibles de homicidios.

La dependencia de operativos federales (Sedena, Marina y Guardia Nacional) también pone en evidencia las limitaciones de la estrategia local. Cuando cae un capo, el estado tiembla. Cuando no hay reflectores, la rutina de la inseguridad continúa.

Nayarit no es un paraíso de paz como pretende vender el gobierno. Es un estado que, a pesar de las cifras selectivas, sigue pagando el alto costo de vivir en una zona estratégica para el narco. Celebrar una baja porcentual mientras los nayaritas temen salir a la calle por represalias criminales no es un logro; es un reconocimiento de la fragilidad del modelo actual.

La tranquilidad prometida a las “familias nayaritas” sigue siendo, para muchos, solo un titular de boletín oficial.