Explota la Indignación en Nayarit: Acusan al Estado de Convertirse en Máquina de Represión.
Redacción 
Guayabitos, Nayarit (RRC): Bajo un clima sofocante y en medio de un ambiente cargado de indignación, habitantes de Rincón de Guayabitos y Los Ayala protagonizaron una movilización que dejó al descubierto una creciente crisis de confianza hacia las instituciones de justicia en Nayarit. Lo que inició como una manifestación de respaldo a la familia Guzmán Franco terminó convirtiéndose en una protesta masiva contra presuntos abusos de poder, despojo de tierras y persecución política.
Familias enteras, campesinos, comerciantes y pobladores caminaron por las principales vialidades de la zona turística para exigir la liberación de detenidos y denunciar lo que consideran una operación sistemática de intimidación impulsada desde el aparato estatal.
De acuerdo con los denunciantes, el conflicto gira en torno a terrenos ubicados en Los Ayala que, aseguran, han pertenecido durante más de cinco décadas a la familia Guzmán Franco y otras personas de la región. Sin embargo, acusan que el gobierno estatal, respaldado por corporaciones policiacas y autoridades ministeriales, ejecutó un operativo que derivó en detenciones, aseguramientos y el control total del predio.
Los manifestantes calificaron la acción como un “despojo institucional”, argumentando que no existió un procedimiento transparente ni respeto al debido proceso. Incluso, señalaron que las autoridades habrían utilizado delitos como “pandillerismo” para justificar encarcelamientos y mantener bajo presión a los involucrados.
La protesta también estuvo marcada por fuertes críticas hacia la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Nayarit. Los inconformes sostienen que ambas instituciones dejaron de actuar de manera autónoma y actualmente responden a intereses políticos.
“En Nayarit ya no existe justicia independiente. El ciudadano está indefenso ante el poder”, expresaron algunos de los asistentes durante la movilización.
Uno de los aspectos que más indignación provocó entre los habitantes fue la existencia de infraestructura de larga data dentro del predio asegurado. Casas, construcciones y obras visibles contradicen, según los denunciantes, cualquier versión oficial que intente presentar el lugar como una invasión reciente o espontánea.
Además, pobladores denunciaron actos de crueldad contra animales, asegurando que al menos 12 perros permanecen encerrados dentro de la propiedad bajo vigilancia policial, sin permitir que familiares ingresen a alimentarlos, situación que describieron como una medida de presión psicológica contra los afectados.
Apolonio Guzmán Franco, identificado como portavoz de la familia, lanzó acusaciones directas contra el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, a quien responsabilizó de guardar silencio frente a lo que calificó como una grave violación a derechos humanos y patrimoniales.
“El gobierno nunca pagó estas tierras y ahora pretende apropiarse de ellas usando el poder del Estado”, afirmó.
La tensión escaló al grado de que los manifestantes advirtieron que el conflicto ya rebasó el ámbito local. Ante la falta de confianza en las autoridades estatales, el movimiento exigió la intervención inmediata del Gobierno Federal y de organismos defensores de derechos humanos.
Para muchos habitantes de Guayabitos y Los Ayala, el caso Guzmán Franco representa algo más profundo que una disputa territorial: simboliza el temor de que en Nayarit el derecho a la propiedad y las garantías individuales puedan quedar subordinadas a intereses políticos y económicos.
Mientras el gobierno estatal mantiene silencio público sobre las acusaciones, la inconformidad social continúa creciendo en una de las zonas turísticas más importantes del estado, donde hoy la exigencia de justicia se convirtió en un grito colectivo contra lo que los ciudadanos consideran el derrumbe del Estado de Derecho.
