Navarro Quintero: El Silencio de un Gobernador que Permite el Despojo y el Secuestro en Nayarit.
Redacción 
Por Carlos Hartig.
La administración de Miguel Ángel Navarro Quintero ha mutado en una maquinaria de represión que ha dejado de reconocer la propiedad privada y la dignidad humana para operar bajo el autoritarismo más rancio. Lo ocurrido con la familia Guzmán Franco en el predio de los Ayala no representa un procedimiento legal, sino un asalto a mano armada ejecutado por el propio Estado, donde la ley es un estorbo y la fuerza pública se utiliza para secuestrar ciudadanos en su propia intimidad. Bajo el falso discurso de la «transformación», se han normalizado irrupciones en hogares sin órdenes judiciales, desapariciones forzadas de horas y la fabricación de delitos de «pandillerismo» para mantener a campesinos tras las rejas.
En una entrevista exclusiva, Apolonio Guzmán Franco rompe el cerco de censura y lanza acusaciones frontales contra un gobernador cuyo silencio no es omisión, sino una validación criminal de los atropellos. El denunciante sostiene con firmeza que el gobierno de Navarro Quintero no aplica la ley, sino que la tuerce para ejecutar robos a plena luz del día, convirtiendo a la fiscalía en su brazo armado de despojo. Mientras el mandatario se llena la boca con discursos de justicia social, permite que se encarcele a familias enteras para proteger un botín inmobiliario de nueve hectáreas, dándole la espalda al pueblo que juró defender.
Esta farsa de expropiación es, en palabras de Apolonio Guzmán Franco, un acto de bandidaje oficial y una farsa de justicia, pues el Estado pretende adueñarse de tierras que nunca pagó a los dueños originales. La administración opera como una banda organizada, ignorando títulos de propiedad con más de 50 años de vigencia y colocando letreros sin folios para justificar el saqueo de un patrimonio familiar. Miguel Ángel Navarro Quintero mantiene un mutismo que sugiere la existencia de negocios turbios y acuerdos bajo la mesa, dejando claro que su gobierno tiene las manos sucias en el manejo del predio de los Ayala.
La bajeza moral de este régimen ha alcanzado niveles de crueldad animal propia de regímenes inhumanos, manteniendo a 12 perros bajo un sitio policial que les condena al hambre. Según relata Apolonio Guzmán Franco, la administración estatal ha decidido que alimentar a una mascota es un «delito de acceso», utilizando el sufrimiento animal como una herramienta de presión psicológica. El gobernador es el responsable directo de este maltrato; su negativa a intervenir lo convierte en el autor intelectual de un asedio que pisotea tanto los derechos humanos como los derechos de seres sintientes.
El Poder Judicial en Nayarit ha muerto como institución independiente, convirtiéndose en una simple oficina de trámites al servicio del despacho del Gobernador. Los jueces, aterrorizados o comprados, se niegan sistemáticamente a tomar el caso para no contrariar los deseos del Ejecutivo, dejando a las víctimas en un «limbo jurídico» de tortura procesal. Navarro Quintero ha logrado desmantelar el equilibrio de poderes, transformando la entidad en un feudo personal donde la única ley que impera es su voluntad arbitraria por encima de cualquier sustento legal o derecho ciudadano.
Ante este panorama de violencia institucional, el llamado de auxilio de Apolonio Guzmán Franco se dirige ahora directamente a la Presidencia de la República, ante la evidente muerte de la justicia local. Es una vergüenza nacional que un gobierno que dice alinearse con los valores de la Cuarta Transformación ejerza este nivel de tiranía contra los más vulnerables. El pueblo de Nayarit exige que el Gobierno Federal voltee a ver este estado, donde se persigue al ciudadano, se le roba su casa y se le encarcela sin pruebas bajo el amparo de un mandatario que ignora que el poder es prestado.
La historia recordará a Miguel Ángel Navarro Quintero no como el médico que sanó al estado, sino como el mandatario que prefirió ver a su pueblo en prisión antes que respetar el derecho legítimo a la tierra. Su incapacidad para dar la cara y su estrategia de omisiones solo confirman que ha permitido que su policía actúe como secuestradora y su ministerio público como guionista de ficciones criminales. El despojo sistemático en Bucerías quedará marcado como el punto más bajo de una administración que cambió la justicia social por el saqueo inmobiliario.
Finalmente, el reclamo social advierte que el pueblo, tarde o temprano, pasa la factura por cada injusticia cometida y por cada derecho arrebatado a la fuerza. La falta de respuestas y la opacidad en el manejo de este conflicto inmobiliario solo confirman que la actual administración ha decidido proteger intereses oscuros por encima del bienestar común y la legalidad. Navarro Quintero deberá responder por el patrimonio destruido, las familias separadas y el miedo sembrado en una entidad que hoy clama por una intervención que detenga este asalto oficializado.
