Por Carlos Hartig.
Lo ocurrido en el reciente Rompimiento de la Feria de Santiago Ixcuintla no fue un operativo de seguridad, fue un atentado directo contra el patrimonio cultural y el sustento de miles de familias nayaritas. Un video que circula con la fuerza de la indignación en redes sociales desnuda la cruda realidad de un gobierno que, bajo el yugo de la represión, ha decidido que el orden público se impone aniquilando la alegría y el comercio local. La imagen es desoladora: negocios que deberían estar en su apogeo económico lucen vacíos, con mesas apiladas y sillas desiertas, mientras la policía amedrenta a ciudadanos cuyo único pecado era participar en una tradición que históricamente se extendía hasta el amanecer.
La incapacidad que se le señala directamente a Miguel Ángel Navarro en la grabación no es una simple queja, es el diagnóstico de una administración que no sabe gestionar la libertad y opta por el prohibicionismo autoritario. Cortar la fiesta a las tres de la mañana en el día más importante para la economía de Santiago es una puñalada trapera para los pequeños empresarios que invirtieron sus ahorros esperando la derrama nocturna. Al desalojar a la gente con tácticas de intimidación, la autoridad no está previniendo el delito, está cometiendo un atropello institucionalizado al arrebatarle a los comerciantes las horas más rentables de su jornada, demostrando una desconexión absoluta con las necesidades de quienes viven al día.
Es una hipocresía gubernamental alarmante presumir el folclor del estado en eventos oficiales mientras, en el territorio, se envían patrullas para secuestrar las calles y obligar al encierro. La pregunta que queda en el aire, cargada de resentimiento, es hasta dónde llegarán estas decisiones verticales que ignoran los usos y costumbres de un pueblo que se siente hostigado. La presencia policial en el Rompimiento no sirvió para proteger, sino para castigar la identidad santiaguense, convirtiendo lo que debería ser un motor de orgullo y riqueza en un desierto de mesas vacías y ánimos rotos por la imposición oficial.
El descontento capturado en las imágenes es el grito de un Nayarit que ya no tolera ser gobernado desde el escritorio y la fuerza bruta. No se puede hablar de progreso cuando la máxima autoridad estatal coacciona a su propia gente para que abandone su principal festividad. Este «toque de queda» encubierto bajo el disfraz de regulación es la prueba fehaciente de que el gobierno ha fracasado en su labor de garantizar una convivencia armónica, prefiriendo la paz de los cementerios y el silencio de los negocios en quiebra antes que una gestión inteligente del orden festivo.
Santiago Ixcuintla no merece ser tratado como un municipio bajo estado de sitio, y su feria no es un capricho, es una estructura financiera y social vital. La traición a esta tradición no solo impacta en el presente, sino que deja una mancha de desconfianza hacia el futuro de cualquier inversión local. Si el criterio de «seguridad» de Navarro es vaciar las calles por la fuerza antes de que salga el sol, lo que está logrando es que el pueblo lo vea no como un líder, sino como el verdugo de su prosperidad y de su esencia cultural.
Finalmente, el reclamo airado del ciudadano es el eco de una comunidad que se siente ignorada y humillada. La dignidad de Santiago Ixcuintla no se negocia, y este intento de domesticar la fiesta mediante el hostigamiento policial pasará a la historia como uno de los capítulos más oscuros y retrógrados de la política estatal. Si la autoridad no tiene la destreza de coordinar un evento sin recurrir a la represión, entonces la carencia de facultades denunciada no es una opinión, es una realidad documentada que ha dejado a los comerciantes en la calle y a la tradición en el olvido.

