Por Carlos Hartig.
La indignación social en Bahía de Banderas ha escalado a un nivel de confrontación directa tras la reciente represión y detención de activistas que intentaban documentar el avance de maquinaria pesada en Playa Las Cocinas. La comunidad exige la destitución fulminante de José Rentería González, titular de la oficina de representación de la SEMARNAT en Nayarit, a quien señalan de ser el facilitador técnico de un «ecocidio administrativo» que favorece al desarrollo inmobiliario de lujo sobre el patrimonio nacional.
El conflicto ha dejado de ser una disputa local para convertirse en un escándalo nacional. Mientras el delegado Rentería intenta validar las obras como «acciones emergentes de conservación», la realidad en el terreno muestra el uso de retroactivas para el enrocamiento y la colocación de escolleras que están devastando el ecosistema costero. Registros oficiales indican que la empresa involucrada, Cantiles de Mita, S.A. de C.V., ha operado en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) sin contar con la autorización de impacto ambiental necesaria, lo que ya derivó en clausuras temporales por parte de la PROFEPA en agosto pasado.

La crítica contra la gestión de Rentería González es demoledora: se le acusa de omisión dolosa y de permitir que las obras continúen bajo el resguardo de fuerzas policiales, criminalizando a los habitantes que defienden el acceso público a las playas. La opacidad es la norma; los pobladores denuncian que se están «fabricando» justificaciones de emergencia para evitar los procesos de consulta pública y transparencia que exige la ley federal.
Ante este escenario de presunta corrupción y violaciones a la ley, la exigencia se dirige con fuerza a la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena. El pueblo de Nayarit demanda que la funcionaria federal pase de los discursos de «justicia ambiental» y «restauración» a los hechos. Exigen una auditoría federal urgente que desmantele la red de complicidades en la delegación estatal y que detenga definitivamente los proyectos que están privatizando de facto el litoral de Punta de Mita bajo el pretexto de obras de protección.

La situación es insostenible: mientras la SEMARNAT nacional reconoce pasivos ambientales acumulados y la necesidad de reforestar, su oficina en Nayarit es señalada por permitir la remoción de árboles y la destrucción de la zona de playa en Playa Las Cocinas. «El pueblo merece transparencia y que se aplique la ley, no que se use a la SEMARNAT como una gestora de intereses privados», sentencian los colectivos locales que mantienen la resistencia bajo los hashtags #PlayasLibres y #ResistePuntaMita.
Finalmente, el llamado es a la intervención directa del Gobierno Federal para restablecer el orden legal. La permanencia de José Rentería González representa un mensaje de impunidad que no solo afecta a Nayarit, sino que pone en entredicho la credibilidad de toda la política ambiental de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Si no hay destitución y castigo a los responsables, Playa Las Cocinas será recordada como el símbolo de un sistema que entregó la naturaleza a la maquinaria del capital inmobiliario.

