Narcopolítica se expande: señalamientos contra gobiernos de Morena alcanzan a Nayarit en medio de disputa de cárteles
Redacción 
Tepic, Nayarit (RRC): La sombra de la narcopolítica en México continúa extendiéndose y ahora alcanza con mayor fuerza a entidades como Nayarit, donde la creciente presencia de grupos del crimen organizado ha encendido alertas sobre posibles vínculos, omisiones o tolerancia desde distintos niveles de gobierno, particularmente en administraciones emanadas de Morena.
A nivel nacional, el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha marcado un punto de quiebre tras los señalamientos provenientes de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que ha intensificado el escrutinio sobre otros gobiernos locales en el país.
En este contexto, Nayarit no ha quedado exento. Informes de seguridad y reportes periodísticos han advertido sobre la operación activa de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y células vinculadas al Cártel de Sinaloa, que mantienen una disputa silenciosa pero constante por el control de rutas estratégicas, principalmente en municipios como Tepic, Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas.
La ubicación geográfica de Nayarit, con acceso al Pacífico y cercanía con Jalisco y Sinaloa, lo convierte en un punto clave para el trasiego de drogas, lo que ha derivado en un incremento de hechos violentos, desapariciones y ejecuciones que, si bien en ocasiones no alcanzan gran visibilidad mediática nacional, forman parte de una dinámica de control territorial por parte del crimen organizado.
Fuentes de seguridad refieren que estos grupos no solo buscan controlar rutas, sino también influir en estructuras locales mediante redes de corrupción, financiamiento ilegal de campañas y presión sobre autoridades municipales. En ese sentido, especialistas advierten que el riesgo no solo radica en la infiltración directa, sino en la posible omisión institucional frente al avance del crimen.
En el ámbito político, voces críticas han comenzado a señalar la falta de resultados contundentes en materia de seguridad en gobiernos locales, cuestionando si existe incapacidad, complicidad o simplemente una estrategia fallida frente al crecimiento del poder criminal.
Aunque hasta el momento no existen acusaciones formales como las que enfrenta Rocha Moya, el contexto en Nayarit refleja patrones similares a los observados en otras entidades: presencia activa de cárteles, violencia focalizada y una creciente percepción de vulnerabilidad institucional.
A nivel federal, el discurso oficial ha insistido en que no hay pactos con el crimen organizado; sin embargo, los casos recientes y el avance territorial de los grupos delictivos continúan alimentando la narrativa de una posible penetración del narcotráfico en estructuras políticas locales.
El escenario actual coloca a estados como Nayarit en el centro de una problemática nacional más amplia, donde la delgada línea entre gobierno y crimen organizado vuelve a ser motivo de preocupación, en un país donde la lucha por el control territorial parece ir un paso adelante de las instituciones.
