“Transparencia en papel: Gobierno de Nayarit obliga a declarar, pero persisten dudas sobre su eficacia real”.
Redacción 
Por Ricardo Reyes.
A partir del 1 de mayo, el Gobierno del Estado de Nayarit volvió a poner en marcha el proceso anual de Declaración Patrimonial y de Intereses en su modalidad de modificación 2026, una obligación constitucional dirigida a todas las personas servidoras públicas. Sin embargo, más allá del discurso oficial de “transparencia” y “combate a la corrupción”, la medida genera cuestionamientos sobre su verdadero impacto.
La Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza informó que el trámite deberá realizarse en línea mediante el sistema DeclaraNet, y que quienes incumplan podrían enfrentar sanciones administrativas, incluso la pérdida del cargo. En el papel, el mecanismo busca vigilar la evolución patrimonial de los funcionarios y detectar posibles irregularidades.
No obstante, especialistas y observadores han señalado que este tipo de declaraciones, aunque obligatorias, históricamente han carecido de revisiones exhaustivas y sanciones efectivas. En muchos casos, la información presentada no se contrasta a profundidad, lo que abre la puerta a simulaciones y omisiones sin consecuencias reales.
A esto se suma la carga burocrática para los propios servidores públicos, quienes además de completar el trámite en línea, deben entregar acuses físicos ante sus Órganos Internos de Control, evidenciando procesos administrativos que aún distan de ser completamente eficientes o modernos.
El gobierno estatal insiste en que estas acciones fortalecen la rendición de cuentas, pero en la práctica, la ciudadanía sigue sin acceso claro, oportuno y verificable a la información patrimonial de quienes ejercen el poder. La falta de transparencia efectiva alimenta la percepción de que estas declaraciones funcionan más como un requisito administrativo que como una verdadera herramienta anticorrupción.
Mientras tanto, el llamado oficial se mantiene: cumplir o enfrentar sanciones. Pero la pregunta de fondo sigue sin resolverse: ¿quién vigila realmente a quienes deben rendir cuentas?
