En una movilización de alta tensión realizada frente a las puertas del Palacio de Gobierno en Tepic, el grupo de ambientalistas encabezado por Isaac Cárdenas Chakin denunció la represión sistemática y la presunta complicidad del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero en la privatización de las costas, exigiendo libertad inmediata para los defensores detenidos en Punta de Mita.
Por Carlos Hartig.

Nayarit atraviesa un punto de quiebre social que estalló hoy frente al Palacio de Gobierno. La protesta, liderada por Isaac Cárdenas Chakin y un sólido frente de ambientalistas, puso al descubierto una crisis de derechos humanos y ambientales que golpea directamente al sur de la entidad. La detención de cuatro activistas a manos de la policía estatal fue calificada por los manifestantes como un acto de secuestro institucional, diseñado para silenciar la resistencia ciudadana contra los megaproyectos turísticos que pretenden devorar Playa Cocinas. Bajo la mirada de las instituciones, los activistas recordaron que defender el acceso a la zona federal no es un delito, sino un derecho constitucional que el actual gobierno estatal está vulnerando para favorecer intereses privados.

La crítica se extendió con fuerza hacia la Presidencia de la República y dependencias federales como SEMARNAT y PROFEPA, señaladas de omisión negligente ante la violación de la Ley General de Bienes Nacionales. Según los denunciantes, mientras el discurso federal pregona la justicia social, en Bahía de Banderas se permite que empresas cierren el paso a la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), destruyendo ecosistemas de anidación de tortugas y desplazando a comunidades locales. Este modelo de gentrificación agresiva, denunciado frente a la sede del Poder Ejecutivo estatal, cuenta con el aval de autoridades que parecen haber olvidado su deber de proteger el patrimonio nacional.

El señalamiento contra el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero fue implacable: se le acusa de dar la espalda al pueblo para actuar como gestor de grandes capitales extranjeros. Los oradores denunciaron que el proyecto en Playa Cocinas, respaldado también por el alcalde Héctor Santana, no solo privatiza la belleza natural, sino que acapara recursos vitales como el agua, dejando en desabasto a poblaciones como Higuera Blanca. Frente al Palacio de Gobierno, la consigna fue clara: no se puede permitir que el lucro de unos cuantos empresarios se construya sobre la sed y el despojo de los habitantes de Nayarit.

La manifestación también puso en duda la integridad de la Fiscalía General del Estado, señalándola como un brazo ejecutor de represión política mediante la fabricación de carpetas de investigación. Testimonios desgarradores de familiares de víctimas de montajes judiciales se sumaron al clamor de los ambientalistas, dibujando un panorama oscuro donde la justicia en Nayarit parece estar subordinada al poder económico. Esta persecución contra quienes defienden el territorio en Punta de Mita refleja un estado que utiliza la fuerza pública para proteger intereses particulares en lugar de garantizar la seguridad y el derecho a la libre manifestación.
El descontento social se agrava ante la crisis ambiental generalizada que el gobierno estatal ha ignorado sistemáticamente. Los activistas denunciaron el abandono oficial frente a incendios incontrolables en zonas como La Yesca, contrastando la rapidez con la que se despliegan policías para reprimir a defensores de playas con la desidia absoluta para proteger los pulmones forestales del estado. La exigencia frente a las autoridades es un alto total a la persecución y la intervención inmediata para auditar las concesiones en Playa Cocinas que están asfixiando tanto el libre tránsito como la ecología regional.
Finalmente, el mensaje de Isaac Cárdenas Chakin y el grupo de ambientalistas fue un llamado a la insurgencia civil pacífica y a la atención de la prensa nacional. Advirtieron que, si se permite la caída de Playa Cocinas bajo el régimen actual, el resto del litoral nayarita quedará a merced de la misma depredación. La lucha no es solo por una franja de arena, sino por la soberanía sobre el territorio frente a una administración estatal que ha convertido la represión en su respuesta principal ante la demanda de justicia climática y social.
Pueblo y activistas cerraron la jornada frente al Palacio de Gobierno con una advertencia contundente: la resistencia en Playa Cocinas no dará un paso atrás. Exigieron que el Gobernador Navarro Quintero y las dependencias involucradas detengan el acoso policial y liberen a los detenidos, subrayando que el acceso a la naturaleza y a una vida digna no son negociables. La protesta terminó con un estruendoso llamado a la unidad estatal, recordando a los funcionarios que su labor es servir a los nayaritas y no a las inmobiliarias que pretenden adueñarse de lo que pertenece a todos.

