La voracidad de Grupo Dine no conoce límites ni leyes, operando como un brazo ejecutor del despojo que transforma playas públicas en búnkeres de lujo. Mientras las autoridades locales, estatales y federales simulan inspecciones, el litoral de Bahía de Banderas es mutilado por maquinaria pesada que entierra el futuro ambiental de la región.
Por Carlos Hartig.
Bajo el amparo de la opacidad gubernamental, el proyecto Montage se ha convertido en el emblema del despojo en Nayarit. Con una inversión de 10 mil millones de pesos, la empresa Cantiles de Mita, propiedad de Grupo Dine —conglomerado históricamente vinculado a desarrollos de ultra-lujo que excluyen a las comunidades locales—, avanza en la construcción de viviendas de lujo bajo el engañoso concepto de «península privada». Esta estrategia comercial no es más que la privatización ilegal de la zona federal y la destrucción de la playa Las Cocinas, ante la mirada pasiva y cómplice de las autoridades.
La gravedad del caso alcanzó su punto máximo cuando José Rentería González, titular de la Semarnat en Nayarit, admitió que el proyecto carece de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). En un intento por justificar la actividad criminal de la maquinaria, el funcionario alegó que la empresa opera bajo un «aviso de obra de emergencia», una declaración que insulta la inteligencia de los habitantes de Emiliano Zapata y Punta de Mita, quienes exigen saber qué urgencia pública justifica la destrucción de un área de desove de tortugas.
A nivel estatal, la responsabilidad recae directamente en el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y su secretaria general de Gobierno, Rocío González. Aunque han intentado establecer mesas de diálogo, los pobladores denuncian que estas reuniones son una simulación para que los inversionistas ganen tiempo mientras el ingeniero Alfonso Hernández presume un avance del 70% en la obra. La política de «brazos cruzados» del ejecutivo estatal sugiere que para este gobierno la inversión extranjera tiene licencia para pisotear el derecho constitucional a un medio ambiente sano.
Por su parte, la Profepa, bajo el mando de Roberto Medrano, ha fallado en su mandato de clausurar un sitio donde se reporta la tala de mangle en esteros protegidos. El activista Efraín López ha señalado que, mientras la autoridad federal se limita a realizar recorridos turísticos de inspección sin consecuencias legales, el ecosistema costero sufre daños irreversibles en Las Cocinas. La falta de sellos de clausura en una obra sin MIA evidencia una preocupante colusión o una negligencia criminal por parte de los organismos de protección ambiental.
En el ámbito municipal, el alcalde Héctor Santana García ha optado por el silencio y la ausencia estratégica, demostrando que su prioridad no es el pueblo. A pesar de que su director de Desarrollo Urbano, Julio Sergio Santoyo Martínez, reconoce que no existen permisos municipales, Santana solo envió a la policía para resguardar los intereses de la empresa tras las protestas. Esta omisión del ayuntamiento de Bahía de Banderas deja en la indefensión total a los ciudadanos que ven su litoral invadido por una empresa que históricamente ha cercado accesos públicos en otros desarrollos del país.
La indignación social estalló con el bloqueo del crucero a Higuera Blanca, donde los manifestantes encararon a las autoridades al grito de «no estamos enojados, estamos emputados». Los lugareños, armados con cintas métricas, demostraron la invasión flagrante de la playa, un espacio que ha sido su zona de pesca y vida por generaciones. La protesta dejó claro que el pueblo de Nayarit no aceptará que sus recursos naturales sean entregados al Grupo Dine bajo falsas premisas de progreso que solo benefician a las élites.
Finalmente, este conflicto pone a prueba la integridad de las instituciones. Grupo Dine, conocido por su influencia política y económica, parece estar por encima de la Semarnat, la Profepa y el gobierno local. Si no se actúa para demoler lo construido ilegalmente y exigir la remediación total en Las Cocinas, quedará confirmado que en Nayarit la ley se arrodilla ante el dinero. El proyecto Montage no es desarrollo, es un monumento a la corrupción inmobiliaria que amenaza con desaparecer el patrimonio natural de los nayaritas.

