Redacción 
Zapata
Por Javier Zapata.
En México, el problema nunca ha sido la falta de indicios. Ha sido la falta de voluntad para seguirlos hasta el final.
Los recientes hallazgos en la zona de Xalisco–Tepic no deberían sorprender a nadie. Lo que sí debería alarmar y profundamente, es quién los encontró y quién no estuvo ahí cuando se necesitaba. Una vez más, fueron los colectivos. Una vez más, las autoridades llegaron después. Y cuando llegaron, no fue para encabezar la búsqueda, sino para delimitarla y generar un caos.
Ese es el punto de quiebre.
Porque en Nayarit, ya no solo se trata de ausencia institucional. Se trata de una presencia que estorba. De autoridades que, frente a hallazgos impulsados por familias, optan por imponer hipótesis, restringir áreas y decidir, sin transparencia, qué se investiga y qué se descarta.
“No es coordinación. Es control”.
Y ese control, en contextos de desaparición, tiene implicaciones graves.
Cuando una autoridad limita el trabajo de búsqueda en campo, sin justificación técnica clara, cuando bloquea accesos o desacredita indicios sin agotarlos, no solo incurre en una omisión. Puede estar comprometiendo la integridad de la evidencia, vulnerando el derecho a la verdad y, en casos extremos, encubriendo responsabilidades.
Lo ocurrido en Xalisco–Tepic refleja con crudeza la fase en la que se encuentra Nayarit: Los colectivos ya no solo buscan. Ahora confrontan.
Confrontan la narrativa oficial.
Confrontan la inacción.
Confrontan la intervención tardía y, peor aún, la intervención obstructiva.
“Este no es un conflicto menor. Es la ruptura definitiva entre víctimas y Estado”.
Las familias llegan al terreno con información, con indicios, con años de experiencia acumulada en búsquedas que ellas mismas han tenido que aprender. Las autoridades, en cambio, llegan con protocolos que no siempre se aplican y con decisiones que no siempre se explican.
Y en medio de esa tensión, la pregunta es inevitable:
¿Quién está realmente buscando?
El marco legal no deja espacio para interpretaciones cómodas. La búsqueda de personas desaparecidas debe realizarse con debida diligencia reforzada, lo que implica exhaustividad, apertura, coordinación y respeto absoluto a los indicios. Cualquier intervención que limite estos principios no es solo una falla operativa. Es una violación a derechos humanos.
Y las consecuencias existen.
Las omisiones y obstrucciones pueden derivar en responsabilidades administrativas, sanciones e incluso la separación del cargo de quienes, teniendo la obligación de garantizar la búsqueda, actúan en sentido contrario. Más aún, cuando estas prácticas se vuelven sistemáticas, el caso trasciende lo local y activa mecanismos de observación nacional e internacional.
La presencia en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, no puede ignorar lo que ocurre en estados como Nayarit. Porque aquí no se está discutiendo un protocolo. Se está evidenciando una crisis de funcionamiento institucional.
Los colectivos ya hicieron su parte.
Buscaron donde nadie quiso.
Encontraron donde nadie vio.
Insistieron donde nadie respondió.
Lo mínimo que corresponde al Estado no es obstaculizar.
Es garantizar.
Garantizar que cada indicio se investigue.
Garantizar que cada hallazgo se procese con rigor.
Garantizar que ninguna decisión se tome en la opacidad.
Hoy, en Nayarit, esa garantía no existe.
Y cuando el hallazgo incomoda más que la desaparición, el problema ya no es la falta de capacidad.
Es la falta de voluntad.
Voz en Guardia no especula: señala.
Y lo que hoy se señala en Xalisco–Tepic es claro:
el Estado no solo está llegando tarde.
Está decidiendo hasta dónde se busca, que es lo que procesa y lo que no se busca”.
