Complicidad y Silencio: El Gobierno de Nayarit y la Federación Entregan Playa “La Cocina” al Capital Privado.
Redacción 
Por Carlos Hartig.
Lo que comenzó como una alerta vecinal se ha transformado en un grito de guerra por la supervivencia del patrimonio natural. Este lunes 27 de abril, habitantes de Punta de Mita escalaron sus protestas mediante el bloqueo de la carretera federal 200 y accesos marítimos, denunciando que tanto el Gobierno del Estado de Nayarit como el Gobierno Federal han dado la espalda al pueblo para favorecer el desarrollo inmobiliario de lujo en la playa conocida como “La Cocina”. La comunidad acusa un «ecocidio» solapado por las instituciones que deberían proteger el medio ambiente.
La indignación ciudadana señala directamente a la Semarnat por la entrega de concesiones en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) a favor de la empresa Cantiles de Mita, S.A. de C.V. (subsidiaria de Grupo Dine) y proyectos como Montage y Pendry. A pesar de que en agosto de 2025 la Profepa impuso una clausura temporal por falta de permisos de impacto ambiental, los trabajos —que incluyen la reubicación de 87 árboles y la instalación de muros de contención— han continuado, evidenciando la inoperancia de la vigilancia federal y un posible desacato permitido por las autoridades.
El Gobierno del Estado, encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, tampoco escapa al juicio social. Los manifestantes critican que, mientras el Ejecutivo estatal promueve el discurso de soberanía y protección de los recursos, en la práctica ha validado proyectos que privatizan el libre tránsito y alteran el ecosistema costero. Los pobladores denuncian que la construcción de espigones y muros de piedra corta el flujo natural de la arena, un proceso que expertos locales advierten terminará por desaparecer la playa, convirtiéndola en una «alberca privada» exclusiva para el turismo de alto poder adquisitivo.
La opacidad en el otorgamiento de estas concesiones ha generado un vacío legal que los ciudadanos intentan llenar con organización. Ante la falta de respuesta institucional, legisladores locales han reconocido que la situación en «La Cocina» es un síntoma de un problema mayor: la inexistencia de un Tribunal Ambiental en Nayarit que pueda frenar las obras que están «fuera de todo margen de legalidad». La comunidad exige que se detenga de inmediato el movimiento de rocas y la alteración de la duna, señalando que la destrucción es irreversible bajo el modelo de desarrollo actual.
Para los habitantes de Punta de Mita, esta lucha no es solo por unos metros de arena, sino por su identidad. La movilización de este lunes, donde los asistentes portaron camisas blancas y azules en señal de protesta pacífica pero enérgica, busca obligar al Gobierno Federal a revocar las autorizaciones de impacto ambiental otorgadas. «El problema lo tenemos con la Federación que firma los permisos y con el Estado que mira hacia otro lado mientras nos roban la playa», sentenciaron voceros del grupo «Aguante Mita» durante el cierre vial.
Finalmente, la exigencia hacia el Gobierno de Nayarit y la administración federal es clara: transparencia total en los expedientes de concesión y la restauración inmediata de la zona afectada. La comunidad ha advertido que no cederá en su resistencia civil, asegurando que la protección de «La Cocina» es el último bastión contra la privatización total del litoral nayarita, un conflicto que pone a prueba la voluntad real de las autoridades para priorizar el bienestar ecológico sobre los intereses de los grandes capitales inmobiliarios.
