Redacción 
Por Javier Zapata.
México vive una crisis de derechos humanos que ya no admite matices ni discursos evasivos. No es percepción. No es narrativa política. Es un señalamiento documentado por Amnistía Internacional en su informe 2025/2026, y es, sobre todo, una realidad que las víctimas han venido denunciando desde hace años con una claridad que el Estado ha decidido ignorar.
Más de 133 mil personas desaparecidas. La cifra no solo estremece, acusa. Cada número representa una historia suspendida, una familia rota y un Estado rebasado. Porque si algo deja claro el informe, es que en México la desaparición no solo ocurre… se tolera en la impunidad.
Y mientras las instituciones fallan, son las madres, los colectivos, las buscadoras quienes sostienen la dignidad del país con palas en la mano. Ellas hacen el trabajo que le corresponde al Estado. Ellas encuentran lo que las autoridades no buscan.
“Nayarit; El silencio institucional también desaparece personas”.
Pensar que esta crisis es ajena a Nayarit, sería un error grave. Aquí también hay fosas, aquí también hay familias buscando, aquí también hay omisiones.
En Nayarit, la estructura institucional encargada de la búsqueda y atención a víctimas ha operado con limitaciones presupuestales, debilidad operativa y falta de coordinación real. La Comisión Local de Búsqueda no ha logrado consolidar un modelo eficaz, y la atención a víctimas sigue fragmentada, burocratizada y, en muchos casos, deshumanizada.
Los colectivos locales han demostrado mayor capacidad de reacción que el propio aparato estatal. Y eso no es motivo de orgullo; Es evidencia de abandono.
Porque cuando una madre tiene que salir a buscar a su hijo con sus propios medios, lo que existe no es solo dolor… es fracaso institucional.
“Reformas que debilitan, no fortalecen”.
El informe también pone el dedo en otra llaga: las decisiones estructurales del Estado mexicano.
La desaparición de organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales no es un asunto administrativo, es un golpe directo al derecho a saber. Sin transparencia, no hay rendición de cuentas. Y sin rendición de cuentas, la impunidad se institucionaliza.
A esto se suma la preocupación por la reforma al Poder Judicial, que lejos de fortalecer la independencia, genera dudas sobre su alineación con estándares internacionales. La justicia en México no necesita ajustes cosméticos: necesita autonomía real.
Militarización: el riesgo normalizado
Otro punto crítico es la estrategia de seguridad. La creciente participación de las fuerzas armadas en tareas civiles, no ha traído paz, pero sí ha incrementado los riesgos de violaciones a derechos humanos.
El uso de la fuerza letal, las detenciones arbitrarias y la opacidad en operaciones militares son señales de alerta que no pueden minimizarse. La seguridad no puede construirse sacrificando derechos. Esa ecuación siempre termina mal.
“Justicia penal, castigar antes de probar”.
La persistencia de figuras como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa refleja un sistema que castiga antes de investigar. Se vulnera la presunción de inocencia en nombre de una eficacia que no llega.
“No es justicia. Es control”.
“Periodistas, defensores y verdad bajo amenaza”.
En México, informar y defender derechos se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Las agresiones contra periodistas y personas defensoras, no solo continúan; se agravan.
La vigilancia, la intimidación y los asesinatos generan un mensaje claro; decir la verdad cuesta la vida.
Y en ese contexto, el silencio se vuelve cómplice.
“La deuda histórica con los más vulnerables”.
Mujeres, personas LGBTIQ+, pueblos indígenas; la violencia y la discriminación siguen marcando su realidad cotidiana. Los avances legales no se traducen en protección efectiva.
“El Estado legisla, pero no garantiza”.
•Lo que sigue; reconocer para transformar•
El llamado de Amnistía Internacional no es una condena, es una oportunidad. Pero requiere algo que hasta ahora ha faltado; voluntad política real.
México necesita:
- Reconocer la magnitud de la crisis sin maquillajes
- Fortalecer las instituciones, no debilitarlas
- Abandonar la militarización como eje de seguridad
- Colocar a las víctimas en el centro, no en el discurso
- Garantizar verdad, justicia y reparación
Y en Nayarit, urge pasar del protocolo al resultado, del informe a la acción, de la simulación a la responsabilidad porque pagar el precio será muy alto.
“Porque esto no es un informe… es una advertencia para todo el sistema”.
“México no puede seguir administrando el dolor”.
“Nayarit no puede seguir normalizando la ausencia”.
La crisis de derechos humanos no es un tema del pasado ni un problema aislado: Es el presente que el Estado se niega a enfrentar.
“Y mientras eso no cambie, la voz seguirá en guardia”.
