Por Ricardo Reyes.
El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Forestal de Nayarit (Cofonay), insiste en que “refuerza” las acciones de prevención mediante quemas controladas bajo la NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA 2023 y llama a la ciudadanía a no arrojar colillas ni hacer fogatas. Sin embargo, los hechos muestran que los incendios forestales continúan siendo un problema grave y recurrente en la entidad, con miles de hectáreas arrasadas año tras año a pesar de los comunicados optimistas.
En 2025, Nayarit se posicionó como el sexto estado con mayor superficie afectada por incendios forestales en México, con más de 68 mil hectáreas quemadas. Esa cifra equivale a casi dos veces la superficie total del municipio de San Blas. Años anteriores también registraron números alarmantes: en 2023 se superaron las 90 mil hectáreas en algunos reportes, y la entidad ha rebasado consistentemente el promedio nacional en daños.
Aunque las autoridades destacan una “baja incidencia” en el primer trimestre de 2026 (solo dos incendios reportados oficialmente con 23 hectáreas), otros registros muestran una realidad más compleja: incendios como el del Cerro de San Juan en Tepic, que duró varios días, consumió más de mil hectáreas y requirió días de combate; o los más de 1,300 hectáreas afectadas en Tepic y Bahía de Banderas en marzo. En Tepic se han reportado hasta 64 incendios en lo que va del año en algunos conteos locales.
El boletín oficial enfatiza las quemas controladas como estrategia clave de prevención. Sin embargo, varios incendios recientes se han originado precisamente por quemas no controladas o mal ejecutadas, según reportes de las propias autoridades. Críticos señalan que, aunque la norma existe, la supervisión en campo muchas veces resulta insuficiente, y las condiciones climáticas adversas (sequía, vientos y altas temperaturas) convierten cualquier fuego en un riesgo descontrolado.
El llamado a la ciudadanía a reportar emergencias al 311-210-1849 o al 911 suena necesario, pero llega tarde cuando los cerros ya están ardiendo. La responsabilidad “compartida” que menciona el gobierno parece recaer, en la práctica, más en brigadistas y comunidades locales que en una política estatal de prevención estructural más robusta: mayor vigilancia permanente, sanciones efectivas a infractores, campañas de concientización con mayor alcance y, sobre todo, manejo integral del territorio que reduzca la acumulación de combustible seco de forma sostenida.
Mientras los comunicados repiten frases como “cuidar los recursos naturales es una responsabilidad compartida” con emojis de árboles y montañas, los bosques de Nayarit —incluidos cerros icónicos como el de San Juan— siguen pagando un costo alto. La prevención no puede limitarse a boletines y quemas ocasionales; requiere acciones concretas, recursos suficientes y resultados medibles que, hasta ahora, los números de hectáreas afectadas no terminan de reflejar.
Los nayaritas merecen más que llamados: merecen bosques vivos.

