Nayarit: Saqueo Institucional y Traición a la Clase Obrera; Aprueban Reforma que Aniquila Derechos Laborales.

Por Carlos Hartig.

En un acto de abierta subordinación al Poder Ejecutivo, la mayoría oficialista en el Congreso de Nayarit, encabezada por Morena y el Partido del Trabajo (PT), consumó un golpe histórico contra los trabajadores al aprobar una reforma pensionaria plagada de inconstitucionalidad. Con 20 votos a favor y 9 en contra (del bloque integrado por el PVEM, PAN, PRI y Nueva Alianza y Levántate Para Nayarit ), se impuso una ley que, bajo el disfraz de «viabilidad financiera», despoja de certezas el futuro de miles de familias nayaritas.

La iniciativa, enviada por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero para reformar el artículo 137 de la Constitución local y la Ley del Fondo de Ahorro para el Retiro Digno (FAN), ignora cínicamente el artículo 14 constitucional federal. Al ordenar el ajuste de pensiones ya otorgadas, el Congreso incurre en una retroactividad prohibida, castigando a jubilados que ya habían consolidado sus derechos tras décadas de servicio bajo reglas que hoy, por capricho político, son borradas de un plumazo.

Durante la sesión, la voz de la oposición fue clara al señalar la miopía jurídica de la mayoría. La diputada del PRI, Paola Vargas, advirtió que esta medida sigue un patrón sistemático de decisiones legislativas erróneas que terminan siendo corregidas y exhibidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Vargas recordó que este Congreso ya ha sido humillado judicialmente antes, como ocurrió con la reciente reforma judicial local, y que esta nueva ley corre el mismo destino de invalidez.

Óscar Cedano, líder del SUTSEM, calificó la aprobación como un «saqueo institucional». Denunció que la reforma impone un «doble tope» a las pensiones que viola los artículos 1° y 127 de la Carta Magna Federal, pues el estado pretende adjudicarse facultades que solo corresponden al Ejecutivo Federal. Esta extralimitación de funciones deja a los trabajadores en un estado de indefensión total frente a un gobierno que parece no conocer límites legales.

Otro aspecto crítico que pone en duda la honestidad de la reforma es la sustitución de la AFORE estatal por una Sociedad Anónima de Capital Variable. El SUTSEM ha alertado que esta figura carece de autorización de la CONSAR y de registro oficial para administrar fondos de retiro. Sin sustento legal, el patrimonio de los trabajadores queda a merced de una estructura opaca, lo que representa un riesgo de desfalco de dimensiones catastróficas para el ahorro de toda una vida.

La prepotencia del bloque Morena-PT llegó al extremo de invadir facultades del Poder Judicial Federal al derogar artículos transitorios que eran la base de amparos ya ganados por los trabajadores. Con esta acción, el Congreso de Nayarit pretende anular por la vía administrativa lo que no pudo ganar en los tribunales, desconociendo resoluciones judiciales que protegen la irretroactividad de las normas y fracturando el Estado de Derecho en la entidad.

Desde la tribuna sindical, se advirtió que esta reforma no soluciona el boquete financiero, sino que simplemente «patea el bote». Cedano señaló que el gobierno solo busca ganar tiempo, dejando una bomba de tiempo para la próxima administración. El Estado heredará un sistema de pensiones herido de muerte y una avalancha de juicios laborales que, debido a su origen inconstitucional, están destinados a perderse, generando un daño económico que terminará pagando el pueblo de Nayarit.

Las cifras oficiales del propio Ejecutivo son el testimonio de una gestión fallida: el gasto en pensiones pasó de $1,616 millones en 2022 a una proyección de $2,167 millones para 2025. Sin embargo, en lugar de combatir la corrupción o mejorar la recaudación, el bloque oficialista decidió que la solución era recortar los derechos de quienes ya entregaron su vida laboral al estado, trasladando el costo de la ineficiencia gubernamental al bolsillo de los trabajadores.

La aprobación de esta ley marca un precedente oscuro para la política nacional. Lo que ocurre en Nayarit es una señal de alerta para todo el país: el riesgo de que los derechos laborales se conviertan en moneda de cambio para sanear deudas públicas mal administradas. La sumisión de los diputados que «levantaron la mano» para obedecer órdenes políticas por encima del mandato constitucional los señala hoy como los arquitectos de un quebranto social sin precedentes.

El SUTSEM fue tajante al señalar que los legisladores deberán rendir cuentas ante el pueblo. Al ignorar las advertencias de inconstitucionalidad, el Congreso no solo traicionó a sus representados, sino que abrió la puerta a una crisis jurídica total. La aprobación de este «capricho del Ejecutivo» no es un avance, sino un retroceso histórico que condena a las futuras generaciones de trabajadores a la incertidumbre y la precariedad.

Finalmente, Nayarit se coloca en el ojo del huracán judicial. Con el Verde Ecologista, Nueva Alianza, PAN y PRI votando en contra de este atropello, queda claro que la reforma carece de consenso y legitimidad técnica. Lo que hoy se celebra en el Palacio Legislativo como una victoria política, mañana será recordado como el día en que la mayoría parlamentaria firmó el despojo de la clase trabajadora, dejando a la entidad al borde del colapso social.