Por Carlos Hartig.
La reciente bofetada jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Congreso de Nayarit no es solo un error de procedimiento, sino el síntoma de una legislatura que camina a ciegas. Al invalidar parte de la reforma judicial por violentar los principios de paridad de género, el máximo tribunal del país dejó al descubierto la negligencia de una mayoría parlamentaria y una oposición pasiva que, pese a manejar un presupuesto cercano a los 380 millones de pesos, parece incapaz de redactar leyes que superen el análisis constitucional básico. Mientras el resto de las bancadas de oposición guardan un silencio cómplice, el diputado del PAN, Rodolfo Pedroza, surge como la única voz de congruencia al exigir que el Poder Legislativo deje de ser una «fábrica de derrotas judiciales» que avergüenza al estado.
Pedroza fue tajante al señalar la contradicción de contar con una nómina obesa de asesores «técnicos» que fueron incapaces de prever una violación tan evidente a los derechos de igualdad. El legislador lamentó que el erario se diluya en un aparato costoso que genera percepciones negativas por su falta de rigor y su nula efectividad ante tribunales federales. Con la mira en la renovación de magistrados de 2027, el diputado advirtió que no permitirán más parches legales; la instrucción de la Corte es clara: se debe crear un comité de selección que garantice igualdad real, algo que el resto de los diputados ignoró por conveniencia política o, peor aún, por un profundo desconocimiento de la ley que hoy queda exhibido en el Expediente SCJN 147/2023.
La crítica del panista se extendió a la reforma electoral, advirtiendo que la falta de visión de sus homólogos está poniendo en riesgo la representación política en municipios clave como Tepic. Pedroza subrayó que la reducción de regidurías no debe ser un pretexto para el ahorro malentendido, sino un ejercicio de justicia distributiva que no silencie las voces ciudadanas. Mientras otros diputados de supuesta oposición permanecen desdibujados y sin argumentos, Pedroza se consolida como el principal contrapeso, interponiendo denuncias y señalando cada acto que vulnera la ley, tal como consta en las impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral local, donde la defensa técnica de la ciudadanía ha sido su prioridad absoluta.
Bajo el liderazgo de Pedroza, el PAN en Nayarit ha marcado una distancia higiénica respecto al resto de la legislatura, enfocándose en una agenda que prioriza la vigilancia de la equidad de género y la defensa de las causas sociales. El legislador fue enfático en que su partido no será cómplice de la desidia parlamentaria ni de la opacidad en el manejo de los recursos que hoy cuestiona la Auditoría Superior. Esta postura deja en evidencia a una «oposición» gris que ha preferido la comodidad del asiento y la sumisión ante el poder, antes que la defensa técnica de la Constitución y la legalidad que Nayarit exige con urgencia.
Para sustentar estas graves omisiones, se ponen a disposición de los medios las pruebas documentales que el Congreso ha intentado minimizar: la CARPETA 1 (Expediente SCJN 147/2023) detalla cómo la Corte anuló los artículos por omitir la paridad; la CARPETA 2 (Expediente ASEN-042-2024) exhibe el despilfarro de 380 millones en un Congreso que no sabe legislar; la CARPETA 3 (Expediente TEE-JDCN-12/2024) contiene la impugnación de Pedroza contra el atropello a los cabildos; y la CARPETA 4 (Expediente LXXXIII-PAN-009) registra las iniciativas de equidad que la mayoría legislativa mantiene «en la congeladora» por puro cálculo político.
Finalmente, Rodolfo Pedroza lanzó un ultimátum a la Mesa Directiva y a las bancadas restantes: el Congreso debe acatar la resolución de inmediato y con total transparencia. “Nosotros hemos sido puntuales en señalar los errores y seguiremos defendiendo la representación justa de la ciudadanía; no vamos a permitir que la impericia de unos pocos siga costando millones a los nayaritas”, sentenció el legislador. La nota para la actual legislatura es reprobatoria; queda en manos de los diputados corregir el rumbo o seguir acumulando reveses legales que solo confirman su absoluta incapacidad para legislar con seriedad y respeto a la ley.

