Nayarit: El colapso del «garrote judicial» y la derrota definitiva de la Fiscalía ante el SUTSEM.

Por Carlos Hartig.

La estrategia de judicialización de la política en Nayarit ha sufrido un revés sistémico que deja al descubierto el uso faccioso de las instituciones locales. Con el fallo de la justicia federal perteneciente al Vigésimo Cuarto Circuito, se ha ordenado la restitución inmediata de los bienes inmuebles del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM), destacando el salón de usos múltiples “Ney Manuel González Sánchez”. Este rescate patrimonial no es un hecho aislado, sino la confirmación de que la administración de Miguel Ángel Navarro Quintero operó un despojo ilegal, vulnerando el debido proceso al poner bajo resguardo administrativo propiedades de naturaleza sindical sin sustento jurídico constitucional.

El descalabro para la Fiscalía General del Estado es total. Al resolverse el amparo 72/2026 (y sus acumulados), el Poder Judicial de la Federación (PJF) no solo ordenó la devolución de tierras destinadas a vivienda popular, sino que desmanteló la narrativa de «legalidad» con la que el Ejecutivo estatal pretendió asfixiar económicamente a la organización. La sentencia evidencia un patrón de hostigamiento que el PJF califica implícitamente como una violación sistemática a los derechos de asociación, confirmando que la fiscalía ha renunciado a su autonomía para convertirse en un brazo ejecutor de venganzas políticas contra el sindicalismo independiente.

En un segundo golpe contundente, la justicia federal anuló la vinculación a proceso de cinco integrantes del SUTSEM, cuyas detenciones fueron el eje de una campaña de criminalización de la protesta social. El juez federal determinó que las manifestaciones realizadas en Tepic fueron «legítimas», echando por tierra la fabricación de delitos con los que se pretendió equiparar la exigencia de derechos laborales básicos con conductas criminales.

Este fallo deja en ridículo a los jueces locales, quienes, plegados a las consignas del Palacio de Gobierno, validaron medidas cautelares hoy calificadas como desproporcionadas y violatorias de la libertad de expresión.

La crisis de credibilidad de la Fiscalía de Nayarit alcanza dimensiones de escándalo nacional. Al contrastar sus actuaciones con los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la entidad queda posicionada en un estado de desacato internacional. La cronología de la represión en el estado —que incluye desde el envío de agentes sin identificación para amedrentar marchas hasta el desalojo violento de jubilados en 2025— dibuja un panorama de «Estado de Excepción». La justicia federal ha tenido que intervenir para recordar que en México la disidencia no se encarcela y que el hambre de los trabajadores no puede ser silenciada mediante el terror judicial.

El triunfo del denominado «Éxodo por la Justicia» representa una victoria moral y jurídica frente a un régimen que prefirió la confrontación a la negociación salarial. La restitución de bienes y el cese de las restricciones legales a los líderes sociales marcan el fin de una «fábrica de delitos» que buscaba desarticular la movilización social. Mientras el gobierno local persiste en lanzar amenazas públicas de sanciones penales ante cualquier bloqueo, el límite constitucional ha quedado establecido de forma infranqueable: la intolerancia del poder estatal no está por encima de la Carta Magna.

Finalmente, este precedente en Nayarit envía una señal de alerta a todo el país sobre los riesgos de gobiernos que confunden el orden público con la tiranía judicial. La derrota de la Fiscalía en los tribunales federales es la prueba de que sus carpetas de investigación han sido utilizadas como instrumentos de intimidación política. Hoy, con un patrimonio recuperado y liderazgos exonerados, el SUTSEM emerge como el principal contrapeso de una administración estatal que, en su intento por imponer una paz social ficticia, terminó exhibiendo su propia fragilidad jurídica ante el Estado de Derecho.