Tepic, Nayarit (RRC): Mientras el Gobierno del Estado presume la continuidad del “Operativo Plan Anti-Bloqueo” en los 20 municipios de Nayarit, miles de ciudadanos enfrentan a diario las molestias y arbitrariedades de retenes permanentes que, lejos de generar tranquilidad, han convertido los traslados cotidianos en una pesadilla de demoras interminables y revisiones invasivas.
El despliegue, que incluye puntos de inspección aleatorios en accesos carreteros y avenidas clave, con participación del Ejército, Guardia Nacional, Marina y fuerzas estatales, se mantiene activo desde inicios de marzo tras los disturbios registrados a finales de febrero —incluyendo quema de vehículos y bloqueos parciales—, detonados por eventos de alto impacto en el crimen organizado regional. Sin embargo, lo que las autoridades llaman “garantizar la movilidad y salvaguardar la integridad” se traduce para transportistas, turistas y familias nayaritas en filas de hasta horas, revisiones exhaustivas sin criterio claro y, en no pocos casos, denuncias ciudadanas de abusos y extorsiones por parte de algunos elementos de seguridad.
A más de una semana de los incidentes más graves, cuando se reportaron vehículos incendiados y cierres en tramos como la Tepic-Mazatlán o accesos a Bahía de Banderas, el operativo no ha desaparecido: al contrario, se ha institucionalizado como medida “permanente”. Esto ha generado un malestar creciente entre la población, que cuestiona si la estrategia realmente previene amenazas o si, en la práctica, castiga a la ciudadanía honesta con un estado policiaco disfrazado de prevención.
Transportistas y residentes de municipios como Bahía de Banderas, Tepic, Xalisco y Compostela han expresado en redes y conversaciones informales su hartazgo: “Salir a trabajar o llevar a los niños a la escuela ahora implica calcular dos o tres horas extras por los retenes”, comentan algunos. Otros señalan que las inspecciones “aleatorias” rara vez parecen aleatorias y que, en ocasiones, se convierten en oportunidades para cobros informales.
Mientras el boletín oficial refrenda el “compromiso de preservar la paz y el orden”, la realidad en las carreteras nayaritas dista mucho de ser pacífica para quien debe transitarlas día con día. El blindaje carretero puede haber evitado nuevos bloqueos masivos, pero a costa de una normalidad que, para muchos, ya no existe. La pregunta que flota en el ambiente es clara: ¿hasta cuándo se mantendrá esta medida “temporal” que ya huele a permanente, y quién protege a la ciudadanía de los excesos cometidos en nombre de su propia seguridad?

