Tegucigalpa, Honduras (RRC): La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sancionó y ordenó la publicación este viernes en el Diario Oficial La Gaceta del Decreto Legislativo No. 58-2025, que exige un nuevo escrutinio voto por voto de las más de 19 mil 167 actas correspondientes a las elecciones generales realizadas el pasado 30 de noviembre de 2025.
La medida, aprobada previamente por el Congreso Nacional en una sesión extraordinaria con mayoría de diputados del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un recuento completo de los votos en los tres niveles electivos (presidencial, diputaciones y corporaciones municipales), argumentando que el proceso original dejó sin contabilizar miles de actas con inconsistencias e impugnaciones.
Según el decreto refrendado por Castro, el CNE no completó de forma íntegra el escrutinio, incumpliendo —a juicio del oficialismo— con los requisitos constitucionales de transparencia y verificación. Entre las irregularidades señaladas se mencionan 306 actas presidenciales no procesadas (equivalentes a unos 132 mil electores), además de miles en los otros niveles.
La presidenta justificó su decisión como un acto de «dignidad histórica» y defensa de la soberanía popular, enfatizando que busca garantizar que se respete «la voluntad del votante». Castro había declarado previamente (el 18 de diciembre) que reconocería los resultados oficiales del CNE y entregaría el poder el 27 de enero de 2026, pero el giro legislativo ha reinstalado la incertidumbre a solo semanas del traspaso presidencial.
El CNE proclamó el 30 de diciembre como ganador al candidato del conservador Partido Nacional, Nasry «Tito» Asfura, con aproximadamente el 40.26% de los votos, seguido muy de cerca por Salvador Nasralla del Partido Liberal (39.55%). La candidata oficialista de Libre, Rixi Moncada, quedó en tercer lugar con alrededor del 19%.
La oposición y varios juristas han calificado la iniciativa como inconstitucional, argumentando que el Congreso carece de competencia para ordenar un nuevo escrutinio una vez emitida la declaratoria oficial por el órgano electoral. Además, la sesión que aprobó el decreto se realizó sin la participación de más de 70 diputados opositores.
La decisión ha generado fuerte reacción internacional:
- El Gobierno de Estados Unidos advirtió de «severas consecuencias» si se intenta «revertir» el resultado electoral, en referencia al triunfo de Asfura, respaldado públicamente por el presidente Donald Trump.
- Ocho países de América Latina (incluyendo República Dominicana, Argentina, Perú, entre otros) rechazaron el decreto, considerándolo un desconocimiento de la autoridad del CNE y un daño a la institucionalidad democrática.
- La OEA expresó preocupación por el desarrollo de los hechos.
El nuevo escenario se desarrolla en un contexto de alta polarización política, con acusaciones cruzadas de fraude, manipulación y supuesta injerencia extranjera. Analistas advierten que el proceso podría terminar en el Tribunal de Justicia Electoral o incluso en la Corte Suprema, mientras el plazo para la transmisión de mando se acerca rápidamente.
Hasta el momento, el CNE no ha emitido pronunciamiento oficial sobre cómo acatará o responderá al decreto presidencial. La situación mantiene en vilo la estabilidad institucional del país centroamericano.
