Tepic, Nayarit (RRC): La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para un debate de alto voltaje esta semana, que podría sellar el destino financiero de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). En el centro del ring: una deuda millonaria de más de 265 millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), originada en el fallido manejo de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a sus trabajadores durante 2020. El proyecto en discusión busca ratificar una sentencia de un tribunal colegiado, obligando a la institución a desembolsar el monto completo, lo que amenaza con agravar la ya precaria salud económica de la casa de estudios nayarita.
La rectora Norma Galván Meza, al frente de la UAN desde hace años, no oculta la gravedad del asunto. «Es un problema muy fuerte», admitió recientemente, al detallar que esta deuda forma parte de un rosario de adeudos acumulados durante la última década con entidades como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). «Hemos platicado con autoridades de las tres instancias para hacer convenios de pago», agregó Galván, enfatizando que su administración ha logrado frenar el incremento de pasivos, sin sumar «ni un solo peso» adicional a la carga fiscal.
El origen del conflicto se remonta a 2020, cuando la UAN, como empleador, omitió retener y enterar al fisco el ISR correspondiente a los salarios de su personal. Esta irregularidad, detectada por el SAT, escaló hasta un tribunal colegiado que falló en contra de la universidad, imponiendo el pago íntegro más actualizaciones y recargos. Ahora, la SCJN —máximo árbitro constitucional— analizará un proyecto que propone dejar firme esa resolución, sin apelaciones adicionales. Fuentes judiciales indican que el debate podría celebrarse en los próximos días, en medio de un Pleno marcado por casos de alto perfil fiscal, como los recientes fallos contra el Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego.
Para la UAN, con 36 escuelas —20 de nivel superior y 16 de bachillerato—, el impacto no es menor. La institución, que atiende a miles de estudiantes en un estado con retos educativos profundos, arrastra un historial de turbulencias financieras. Auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han señalado irregularidades por más de 326 millones de pesos en subsidios federales para 2021, y resolutivos previos de la SCJN han invalidado impuestos municipales destinados a su apoyo, como el 15% en trámites gubernamentales que se cobraba en 14 ayuntamientos nayaritas. «La crisis económica ha dejado a la universidad al borde de la inoperancia», advierten analistas, recordando cómo gobiernos estatales pasados, como el de Ney González, se comprometieron a absorber deudas similares, aunque con resultados mixtos.
En este contexto, la rectora Galván ha optado por una estrategia defensiva: argumentar ante la Corte los motivos que orillaron al desvío de recursos presupuestales para cubrir obligaciones urgentes, como pagos a pensionados y jubilados que devoran hasta el 50% de la nómina. Paralelamente, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) —donde Galván participa activamente— presiona por mesas de diálogo con la Secretaría de Hacienda. Justo la semana pasada, junto a rectores de Sinaloa, Colima y Veracruz, se reunieron en Palacio Nacional para exigir un financiamiento más justo, ante incrementos presupuestales del 1.8% para 2026 que apenas cubren la inflación, mientras la matrícula ha crecido un 16.3% desde 2018.
El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, por su parte, ha mantenido distancia: «No puedo intervenir en temas económicos de la universidad por su autonomía, pero sí en pagar sus deudas», declaró en junio, al resucitar el debate sobre el rol estatal en estos pasivos históricos. Críticos lo acusan de «silencios cómplices», mientras defensores de la UAN señalan que el verdadero escándalo radica en la desinformación y el linchamiento mediático que distraen de soluciones reales.
Mientras la SCJN delibera, la comunidad universitaria nayarita contiene el aliento. ¿Un fallo adverso acelerará el colapso financiero o impulsará reformas estructurales? Lo que está claro es que este caso trasciende Tepic: expone las grietas en el modelo de financiamiento de las universidades públicas, en un México donde la educación superior clama por más que subsidios y menos deudas eternas. La sentencia, esperada para finales de esta semana, podría redefinir no solo el futuro de la UAN, sino el equilibrio entre autonomía y responsabilidad fiscal en el país.
