Tepic, Nayarit (RRC): En un contexto donde la neurodiversidad se posiciona como un derecho humano fundamental, familias de Tepic denuncian un patrón alarmante: escuelas públicas rechazan la inscripción de niños y niñas con diagnósticos como autismo, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o dislexia. Este problema, que viola la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad, expone las grietas en el sistema educativo nayarita, donde la falta de preparación docente y recursos convierte las aulas en espacios hostiles.
El caso ganó visibilidad esta semana tras reportes locales que destacan cómo directivos argumentan «falta de cupo» o «incapacidad para atender necesidades especiales» para excluir a estos alumnos. Según un análisis de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal, al menos el 15% de los casos de rechazo en primarias y secundarias de la capital involucran neurodivergencias no consideradas como «discapacidades tradicionales». «Es una exclusión sutil, pero devastadora. Mi hijo con TDAH fue rechazado en tres escuelas porque ‘no tienen personal capacitado’, pero la ley obliga a la inclusión», relata María González, madre de un niño de 9 años que ahora enfrenta clases particulares improvisadas.
Expertos coinciden en que el problema radica en la obsolescencia del modelo educativo. Emanuel Sarmiento, director del Hospital Psiquiátrico Infantil de Nayarit, advierte que «los maestros desconocen cómo manejar estas diferencias, lo que genera discriminación y rezago». En México, la SEP no reconoce plenamente las neurodivergencias en sus protocolos de atención múltiple, dejando a más de 87 mil niños con TDAH –según datos del IMSS de 2019– sin apoyo adecuado. En América Latina, el 70% de las personas neurodivergentes abandona la educación formal por entornos no adaptativos, según estudios regionales.
En Nayarit, la situación se agrava por la escasez de programas de integración. Mientras escuelas como la Belisario Domínguez o el Colegio Cervantes en Tepic presumen de «educación integral», padres reportan que la realidad es opuesta: aulas sin ajustes razonables, como espacios sensoriales o acompañantes terapéuticos. Una iniciativa reciente del diputado Jaime Cervantes busca mitigar el impacto al proponer permisos laborales de hasta 40 horas anuales para cuidadores de niños neurodivergentes, reconociendo que «el número de diagnósticos crece, pero la sociedad no se adapta».
Voces desde la comunidad educativa claman por cambio. «No rechazamos a los niños, pero el sistema nos obliga a priorizar lo imposible sin herramientas», confiesa una maestra anónima de una secundaria en el Fraccionamiento Spaun. Organizaciones como la Fundación Stimpunks Foundation, que aboga por entornos inclusivos, critican el «conductismo radical» en las aulas mexicanas, donde la corrección punitiva suplanta la equidad.
La SEP de Nayarit anunció capacitaciones obligatorias para el ciclo 2026-2027, pero familias exigen acción inmediata: auditorías a escuelas y fondos para asistentes educativos. Mientras tanto, niños como el de González pagan el precio de un sistema que, en lugar de celebrar la diversidad neuronal, la margina. «La educación debe ser para todos, no solo para los que encajan en el molde», concluye González, recordando que la inclusión no es un favor, sino un mandato constitucional.
Este caso en Tepic no es aislado; refleja una crisis nacional que demanda urgencia. ¿Cuántos más serán excluidos antes de que las aulas nayaritas se vuelvan verdaderamente accesibles?
