Por Ricardo Reyes.
En las calles polvorientas de Tepic y las playas idílicas de Bahía de Banderas, la justicia parece un espejismo lejano. Mientras el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero presume de operativos millonarios contra la corrupción, como el «Mega Operativo Nuevo Nayarit» que recuperó tierras por 50 mil millones de pesos, las familias de víctimas de delitos graves esperan en vano. Órdenes de aprehensión por homicidios, desapariciones forzadas, feminicidios y narcotráfico –esos «delitos de alto impacto» que aterrorizan al estado– se acumulan en los escritorios de la Fiscalía General del Estado (FGE), sin ejecutarse durante meses o incluso años. Esta crónica indaga en las causas, las consecuencias y las voces que claman por un cambio en un Nayarit donde la impunidad es el verdadero rey.
El laberinto burocrático: ¿Por qué se atascan las órdenes?
El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) es claro en sus artículos 141 al 145: una vez emitida por un juez de control, la orden de aprehensión debe entregarse al Ministerio Público, quien la ejecuta a través de la policía. Los agentes deben informar de inmediato sobre su cumplimiento para proceder a la audiencia inicial. Sin embargo, en Nayarit, este mecanismo se traba en un enredo de recursos insuficientes, corrupción enquistada y prioridades selectivas.
Desde la creación en 2022 de la Coordinación de Investigación de Delitos de Alto Impacto en la FGE, se prometió fortalecer las indagatorias en casos graves como el crimen organizado y las desapariciones. Pero los datos revelan una realidad distinta. En septiembre de 2023, la FGE anunció la posible ejecución de órdenes pendientes por delincuencia organizada y desapariciones forzadas, tras el arresto de un fiscal de búsqueda y tres exfuncionarios. Aquel operativo generó esperanza, pero un año después, activistas denuncian que decenas de mandamientos judiciales siguen en el limbo. «Es un sistema diseñado para que los peces gordos naden libres», afirma un agente policial retirado, bajo anonimato, quien detalla que la falta de personal –solo 300 elementos para cubrir un estado con más de 1.2 millones de habitantes– y vehículos obsoletos impiden operativos riesgosos contra carteles como el CJNG, que domina rutas de fentanilo en la región.
En el caso de corrupción del Fideicomiso de Bahía de Banderas (FIBBA), investigado desde 2022, se libraron «múltiples» órdenes por operaciones con recursos ilícitos y tráfico de influencias contra exgobernadores como Ney González y Roberto Sandoval. La fiscal federal Ángela Cristina Reséndiz destacó la urgencia para evitar prescripciones, acreditando delitos continuados que se extendieron de 2005 a 2021. Sin embargo, solo en noviembre de 2025 se ejecutaron dos aprehensiones por falsificación y fraude inmobiliario, vinculadas a este entramado. ¿El resto? Pendientes, mientras el patrimonio estatal se evaporaba en ventas ficticias de terrenos playeros a 50 pesos el metro cuadrado.
Expertos como el abogado José Díaz señalan un patrón: en noviembre de 2025, la FGE detuvo al activista Isaac Cárdenas Chakin por un delito menor («ultrajes a la moral»), pero ignora casos graves. «Priorizan la persecución política sobre la justicia real», denuncia Díaz en redes, donde circularon videos de detenciones arbitrarias que contrastan con la inacción en feminicidios o secuestros.
Voces de las víctimas: El costo humano de la dilación
En Huajicori, una sierra donde el crimen organizado extorsiona a mineros y agricultores, María López (nombre ficticio para proteger su identidad) espera desde 2024 la ejecución de una orden contra los responsables de la desaparición de su hijo, un joven de 22 años secuestrado por presuntos sicarios. «Han pasado 18 meses. Cada noche sueño que lo traen de vuelta, pero la fiscalía dice ‘falta presupuesto’. ¿Cuántas vidas más para que actúen?», relata con voz quebrada en una entrevista telefónica. Casos como el suyo no son aislados: según datos del INEGI, Nayarit registra tasas de impunidad cercanas al 99% en homicidios dolosos y desapariciones, agravadas por retrasos que permiten la prescripción.
En el ámbito de la violencia de género –otro delito de alto impacto–, la FGE presume avances: en noviembre de 2025, ejecutó 123 órdenes por violencia familiar, abandono y estupro, sumando más de 200 en dos meses bajo la «Cruzada Estatal contra la Violencia hacia la Mujer». Fiscales como Ludmila Heredia Verdugo destacan estas acciones, pero ONGs como Idheas Litigio Estratégico critican que se centran en delitos menores, dejando feminicidios sin resolver. Un ejemplo paradigmático es el de Sinaloa vecino, donde un juez ordenó en 2018 la ejecución inmediata de órdenes por desaparición forzada, amenazando con multas a la fiscalía por dilaciones. En Nayarit, no hay tales presiones.
Desde X (antes Twitter), el activista Tattaglia (@NoSoyBuenaOnda) denuncia: «El narcogobernador Navarro detiene opositores, pero los narcos mandan libres». Publicaciones como la de Aristegui Noticias en 2023 resaltan cómo la corrupción interna –con arrestos de funcionarios– perpetúa el ciclo.
¿Hacia una justicia expedita? Retos y propuestas
El fiscal estatal Petronilo Díaz califica el operativo contra el FIBBA como «una de las investigaciones más complejas de México», pero admite desafíos: inspecciones notariales, aseguramientos de 350 cuentas bancarias por 7.200 millones de pesos y rescisiones contractuales. Aún así, el gobernador Navarro enfatiza la «batalla sin cuartel», recuperando 960 hectáreas turísticas. Sin embargo, sin reformas, los retrasos persisten.
Propuestas de expertos incluyen:
- Aumentar recursos: Duplicar la plantilla policial y equiparla con tecnología GPS para rastreo.
- Coordinación federal-estatal: Ampliar convenios con la FGR, como en el caso de González, prófugo desde 2023.
- Transparencia digital: Un portal público para rastrear el estatus de órdenes, inspirado en modelos de CDMX, donde 19 mil mandamientos pendientes generan críticas similares.
Mientras, en las sombras de Nayarit, la espera se convierte en desesperación. Como dice Juan Francisco Sandoval, exfiscal guatemalteco exiliado: «El retardo no es accidental; es malicioso, para extender el sufrimiento». En un estado donde el mar Caribe choca con la Sierra Madre, la verdadera ola de cambio requiere más que operativos mediáticos: exige justicia sin pausas. ¿Escuchará Nayarit el llamado antes de que la impunidad lo ahogue?
