El Caso de los Dos Notarios Públicos en Nayarit: ¿Justicia o Venganza Política?.

Tepic, Nayarit (RRC): El «Caso de los Dos Notarios Públicos» en Nayarit se refiere a una serie de investigaciones y detenciones recientes contra notarios acusados de irregularidades graves, como falsificación de documentos, despojo de tierras y participación en fraudes inmobiliarios. Aunque no hay un solo «caso» con exactamente dos notarios como protagonistas centrales en 2025, el debate público gira en torno a al menos dos figuras destacadas: Juan Antonio Echeagaray Becerra (exsecretario de Gobierno y notario) y Enrique Hernández Quintero (otro notario detenido por falsificación). Estos eventos forman parte del Megaoperativo Nuevo Nayarit, una iniciativa del gobierno estatal liderado por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena) para combatir el desfalco al Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), un fondo público para desarrollo inmobiliario en la región costera.

A continuación, desgloso los hechos clave, basados en reportes periodísticos y declaraciones públicas, para analizar si se trata de un esfuerzo genuino por impartir justicia o de una maniobra política de revancha. El análisis busca ser equilibrado, considerando evidencias de corrupción real versus acusaciones de selectividad política.

Contexto: El Megaoperativo Nuevo Nayarit y el Escándalo del FIBBA.

  • Origen del caso: El operativo, iniciado en 2023 pero intensificado en 2025, investiga un presunto desfalco millonario al FIBBA. Se alega que notarios, funcionarios y empresarios facilitaron la venta irregular de terrenos públicos (valorados en cientos de millones de pesos) mediante documentos falsos, certificaciones indebidas y actos traslativos de dominio ilegales. Esto afectó proyectos de vivienda social en Bahía de Banderas y Nuevo Nayarit, beneficiando a particulares cercanos a administraciones anteriores.
  • Implicados clave:
  • Juan Antonio Echeagaray Becerra: Detenido el 28 de noviembre de 2025 por falsificación de documentos (artículos 276, 277 y 278 del Código Penal de Nayarit). Era notario y exsecretario de Gobierno (hasta junio de 2023). Mantenía una relación de compadrazgo con el gobernador Navarro, pero rompieron por desacuerdos personales y políticos. Su detención ocurrió el mismo día que participó en un evento público, lo que generó revuelo y especulaciones sobre «venganza».
  • Enrique Hernández Quintero: Detenido el 29 de noviembre de 2025 por falsificación de certificaciones y documentos (artículo 279 del Código Penal). Es otro notario implicado en fraudes similares.
  • Otros relacionados: Incluye al notario Teodoro Ramírez Valenzuela (número 2 de Bucerías), quien enfrenta un proceso para perder su patente notarial por intervenir en despojos al FIBBA. También se menciona al notario número 4 y 10 de Nuevo Vallarta (acusados desde 2023). En total, al menos cuatro notarios han sido sancionados o investigados en 2025.
  • Impacto: Estos fraudes han paralizado créditos bancarios en la región (por desconfianza en el Registro Público de la Propiedad) y generado denuncias de un «cártel notarial del despojo», que involucraría notarías, la Fiscalía y hasta el crimen organizado en despojos de viviendas (ej. en complejos como Casas Quma).

Argumentos a Favor de la Justicia.

  • Evidencia de corrupción sistémica: Hay pruebas documentadas de irregularidades. Por ejemplo, el Colegio de Notarios de Nayarit se deslindó en febrero de 2024 de fraudes inmobiliarios, admitiendo que algunos fedatarios falsificaron documentos para préstamos bancarios. El gobierno ha retirado patentes a notarios y recuperado terrenos, lo que beneficia a proyectos públicos. La Fiscalía General de Nayarit (FGE) ha ejecutado órdenes de aprehensión con base en investigaciones previas, no solo en 2025.
  • Transparencia y presión social: Denuncias de empresarios y activistas (como una inmobiliaria en noviembre de 2025) exigen investigaciones «sin distingo político». El operativo ha expuesto nexos con administraciones pasadas (PAN y PRI), sugiriendo un esfuerzo por limpiar el notariado, que en México es criticado por su opacidad y altos cobros (reformas federales en 2025 no lo tocaron).
  • Marco legal: La Ley del Notariado de Nayarit (2005) permite al Ejecutivo retirar patentes por faltas graves, y las detenciones siguen procedimientos penales. No hay indicios de fabricación de pruebas; al contrario, videos y testigos (como en detenciones de activistas relacionados) documentan abusos, pero también validan algunos operativos.

Argumentos a Favor de la Venganza Política.

  • Selectividad y timing sospechoso: Las detenciones coinciden con rupturas políticas. Echeagaray, por ejemplo, dejó el cargo tras pelear con Navarro, y su arresto parece «mensaje». Críticos como el analista José Díaz acusan a la FGE (bajo Ludmila Heredia Verdugo, afín a Morena) de detenciones arbitrarias para presionar a opositores, como en el caso de activistas detenidos por «ultrajes a la moral» (urinarse en un cerro) o abogados defensores. Esto evoca patrones de «gobierno amoral» en Morena.
  • Contexto político: Nayarit es un bastión morenista desde 2021, pero con tensiones internas (ej. disputas por candidaturas). El operativo se usa para atacar a exaliados del PAN-PRI, mientras se ignora corrupción en el actual mandato. Denuncias en X hablan de «intocables» notarios ligados al crimen organizado que no son tocados, sugiriendo que solo se persigue a «traidores».
  • Abusos colaterales: Casos como la detención de Edgar Iván Romero (un empleado de Coppel que grabó una detención) o amenazas a abogados indican exceso de poder. Una empresaria denunció en noviembre de 2025 un «cártel» que incluye a la propia Fiscalía, cuestionando su imparcialidad.

Análisis: ¿Justicia o Venganza?.

Es un híbrido perturbador: hay justicia real contra una corrupción endémica en el notariado nayarita (78 notarios, muchos implicados en fraudes desde 2023), pero teñida de venganza política. El rompimiento de Echeagaray con Navarro y el enfoque en exfuncionarios cercanos sugieren motivaciones personales, mientras detenciones colaterales (activistas, testigos) erosionan la credibilidad del proceso. En un estado con alta impunidad (crimen organizado en Huajicori), priorizar notarios «caídos en desgracia» parece selectivo.

Para una verdadera justicia, se necesita:

  • Auditorías independientes al FIBBA y el Colegio de Notarios.
  • Reformas al notariado estatal (inspiradas en la federal de 2025, que falló en atacar privilegios).
  • Investigaciones a todos los niveles, sin excepciones políticas.

Este caso refleja tensiones más amplias en México: un notariado opaco que empobrece a los vulnerables, y gobiernos que usan la ley como arma.

Entradas relacionadas

Deja tu comentario