CDMX (RRC): La diputada federal Mariana Jiménez Zamora ha elevado la voz para exigir transparencia en el uso de fondos federales destinados a obras de infraestructura en Nayarit.
Este lunes, la legisladora presentó una denuncia formal ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que investigue presuntas irregularidades en la ejecución de 1,500 millones de pesos de origen federal.
La acción resalta las tensiones entre el ámbito federal y los gobiernos estatales en materia de fiscalización, especialmente en un año marcado por reportes de anomalías en la Cuenta Pública 2024.
Nayarit, gobernado por el morenista Miguel Ángel Navarro Quintero desde 2021, ha sido objeto de múltiples revisiones por parte de la ASF en años recientes.
En la Cuenta Pública de 2020, el estado figuró entre las nueve entidades con montos superiores a mil millones de pesos pendientes de aclaración, principalmente en rubros como salud, educación e infraestructura.
Más recientemente, en febrero de 2025, la ASF detectó irregularidades por 128 millones de pesos en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), relacionadas con la falta de justificación en el gasto de recursos federales.
La denuncia de Jiménez Zamora se centra en obras millonarias financiadas con transferencias federales del Ramo 33, que incluyen proyectos de infraestructura en zonas marginadas.
Según la diputada, hay indicios de opacidad en la ejecución de estos fondos, como pagos por servicios no realizados, subejercicios injustificados y posibles sobrecostos. «No podemos permitir que recursos destinados al desarrollo de Nayarit se pierdan en malas prácticas.
La ASF debe actuar con celeridad para esclarecer estos hechos y, de ser necesario, recuperar lo defraudado», declaró la legisladora en su presentación, según reportes de medios locales y nacionales.
Esta no es la primera vez que Nayarit enfrenta señalamientos similares. En la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2024, presentada el 23 de octubre por el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, se detectaron irregularidades por más de 5,100 millones de pesos a nivel nacional, de los cuales el 89% corresponden a gasto federalizado en estados y municipios.
En ese contexto, el sector salud acumuló 1,500 millones de pesos pendientes de aclaración –una cifra que coincide con el monto señalado por Jiménez Zamora–, mientras que la deuda pública y la infraestructura física sumaron otros 1,300 y 483 millones, respectivamente.
Aunque Nayarit no fue destacado como el estado con el mayor monto observado (Veracruz lidera con 1,078 millones, seguido de Hidalgo con 583), su historial lo coloca en el radar de las autoridades federales.
Mariana Jiménez Zamora, diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN) y originaria de Nayarit, representa el Distrito 01 con cabecera en Tepic. Su trayectoria política incluye cargos en el Congreso local y una militancia activa en temas de transparencia y anticorrupción.
Como parte de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, Jiménez Zamora ha impulsado iniciativas para fortalecer la fiscalización de fondos federales transferidos a estados.
Su denuncia se produce apenas días después de la entrega de la segunda tanda de auditorías de la Cuenta Pública 2024, lo que sugiere un timing estratégico para presionar por una revisión inmediata.
La diputada argumenta que las irregularidades en Nayarit no solo afectan la eficiencia de los proyectos, sino que vulneran la confianza ciudadana en las instituciones.
«Estos recursos debían traducirse en carreteras, escuelas y hospitales para las comunidades más vulnerables, no en un festín de opacidad», enfatizó en un comunicado difundido en redes sociales.
Su acción ha recibido respaldo de colegas panistas, como el diputado Javier Herrera Borunda, quien ha criticado la lentitud en las sanciones por irregularidades pasadas.
Este caso en Nayarit refleja un problema sistémico en el federalismo mexicano. La ASF ha recuperado más de 28,000 millones de pesos en el sexenio que concluye en 2024, pero persisten desafíos en la ejecución de transferencias a entidades subnacionales.
En la sesión del 23 de octubre ante la Comisión de Vigilancia, Colmenares Páramo destacó que el 35% de las observaciones en gasto federalizado provienen del sector salud, un rubro sensible en estados como Nayarit, donde la pandemia dejó huellas en la gestión presupuestal.
Legisladores de Morena, como Dolores Padierna Luna, han defendido el proceso de fiscalización como una herramienta para prevenir inconsistencias, pero han sido criticados por la oposición por no avanzar lo suficiente en sanciones.
En contraste, entidades como la Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas no registraron irregularidades en el informe reciente, lo que resalta disparidades en la gestión estatal.
La ASF tiene ahora un plazo de hasta 90 días para iniciar la auditoría específica solicitada por Jiménez Zamora. Si se confirman las irregularidades, podrían derivar en pliegos de observaciones, responsabilidades administrativas o incluso denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Mientras tanto, el gobierno de Nayarit ha guardado silencio oficial, aunque fuentes cercanas al gobernador Navarro indican que se prepara una respuesta con documentación para aclarar los hechos.
La denuncia de la diputada federal no solo busca esclarecer el destino de 1,500 millones de pesos, sino que impulsa un debate nacional sobre la accountability en el gasto público.
En un país donde la corrupción cuesta hasta el 10% del PIB anual, acciones como esta son cruciales para fortalecer la democracia.
La ASF, por su parte, ha anunciado la integración de inteligencia artificial en sus procesos para agilizar revisiones futuras, lo que podría prevenir casos similares.
Para los nayaritas, el impacto es directo: cada peso malgastado es una oportunidad perdida para el desarrollo. Mientras la auditoría avanza, la ciudadanía y la oposición vigilarán de cerca.
En última instancia, este episodio subraya que la fiscalización no es un fin en sí misma, sino un medio para garantizar que los recursos sirvan al bien común.
