Washington (RRC): El gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos como parte de una ofensiva ampliada contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos en México.
Esta acción se enmarca en la estrategia de la administración de Donald Trump para presionar a México en temas de narcotráfico, corrupción y seguridad bilateral.
Fuentes diplomáticas y funcionarios mexicanos confirman al menos 50 revocaciones, con énfasis en miembros del partido gobernante Morena (más de 50 según un político anónimo), así como decenas de otros partidos. Hasta ahora, solo cuatro han reconocido públicamente la medida.
Las revocaciones se basan en presuntos vínculos con el crimen organizado, como lavado de dinero, narcotráfico y corrupción. El Departamento de Estado de EE.UU. justifica estas acciones como «actividades contrarias al interés nacional», sin necesidad de explicaciones públicas o notificación formal al gobierno mexicano.
Incluyen a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila (quien niega cualquier vínculo con cárteles), y otros como Hilda Araceli Brown y Juan Francisco Gim, señalados previamente por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) por operaciones ligadas al Cártel de Sinaloa.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró en conferencia de prensa que no tiene información oficial, ya que EE.UU. trata estos casos como «asuntos personales» y no notifica al gobierno federal. Esto ha generado confusión y temor entre la élite política mexicana, que depende de visas para viajes frecuentes a EE.UU.
Esta medida representa una escalada en la cooperación antinarcóticos entre ambos países, pero podría tensar las relaciones si se percibe como interferencia política.
