Bolivia (RRC): El presidente Luis Arce Catacora de Bolivia emitió una alerta pública en la que denunció un intento de «golpe a la democracia» orquestado desde el Poder Legislativo.
Esta declaración se produce en un contexto de profunda crisis política interna en el país, marcada por divisiones en el Movimiento al Socialismo (MAS), bloqueos de carreteras, escasez de combustibles e inflación acelerada.
Arce, quien enfrenta presiones tanto de la oposición como de sectores afines al expresidente Evo Morales, convocó a la ciudadanía y a las organizaciones sociales a defender las instituciones democráticas.
Bolivia atraviesa una etapa de inestabilidad institucional desde hace meses. El Legislativo, controlado mayoritariamente por opositores al gobierno de Arce, ha sido escenario de bloqueos a créditos presupuestarios y paralización de sesiones, lo que el Ejecutivo interpreta como un «golpe blando» para desestabilizar su mandato.
En junio de 2025, el gobierno ya había denunciado a Morales por supuestamente instigar protestas y bloqueos en ciudades como Cochabamba y Santa Cruz, con el fin de forzar la renuncia de Arce y habilitar su propia candidatura para las elecciones de agosto de 2026.
Un audio atribuido a Morales, difundido por un dirigente campesino, sugería extender los bloqueos a La Paz para presionar al gobierno, lo que el ministro de Gobierno, Roberto Siles, calificó como un acto de «terrorismo» e «instigación a delinquir».
Arce ha respondido con acusaciones directas: «Evo miente cuando dice que su acción es por el bienestar de las familias bolivianas… persigue mi renuncia y esto solamente para habilitar su candidatura por la fuerza».
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha intervenido en disputas internas del MAS, anulando sesiones legislativas y generando acusaciones de manipulación judicial por parte del Ejecutivo, lo que algunos analistas ven como un «autogolpe» para neutralizar al Legislativo.
Esta tensión no es aislada. En junio de 2024, Bolivia vivió un intento de golpe militar fallido liderado por el general Juan José Zúñiga, quien irrumpió con tanquetas en la Plaza Murillo (sede del Ejecutivo y Legislativo en La Paz).
Arce lo denunció como un «golpe de Estado» y llamó a la movilización popular, lo que resultó en la detención de Zúñiga y un respaldo internacional de líderes como Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Nicolás Maduro (Venezuela). Ese episodio, repudiado por la Asamblea Legislativa y la Central Obrera Boliviana (COB), exacerbó las divisiones y dejó un «fantasma» de inestabilidad.
Esta alerta podría escalar los bloqueos y protestas, aislando ciudades clave y agravando la crisis económica (escasez de dólares y combustibles).
El gobierno ha prometido demandas contra instigadores, pero expertos como los de EL PAÍS enfatizan la necesidad de renovar el Poder Judicial y desbloquear el Legislativo para restaurar la institucionalidad.
Bolivia, con su historia de golpes (como el de 2019), enfrenta un riesgo real de mayor convulsión si no se resuelven las disputas internas del MAS.
El expresidente Morales ha contraatacado, acusando al gobierno de fraude y manipulación, recordando el golpe de 2019 que lo obligó a renunciar.
Analistas como los del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) advierten que estos eventos reflejan la fragilidad de la democracia boliviana, con sospechas de injerencia externa (como de EE.UU. en bloqueos económicos).
