Antananarivo (RRC): El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, anunció la disolución del Gobierno en respuesta a una ola de protestas masivas lideradas por jóvenes, conocidas como las «protestas Gen Z», que exigen soluciones a los frecuentes cortes de agua y electricidad en el país. Estas manifestaciones, que comenzaron el jueves anterior, han sido las más grandes en años y representan el desafío más serio al Gobierno de Rajoelina desde su reelección en 2023.
Las demostraciones surgieron por el deterioro de las condiciones de vida en Madagascar, uno de los países más pobres del mundo, donde alrededor del 75% de sus 30 millones de habitantes viven por debajo de la línea de pobreza según el Banco Mundial.
Los manifestantes denuncian la falta de acceso a servicios básicos, como electricidad y agua potable, que han interrumpido la vida diaria. Inspirados en movimientos similares en Kenia (contra impuestos en 2024) y Nepal (que forzó la renuncia del primer ministro este mes), los jóvenes han utilizado tácticas de organización en línea y una bandera adaptada de Nepal como símbolo de unidad. Su lema principal es: «Queremos vivir, no sobrevivir».
Las protestas han derivado en choques violentos con las fuerzas de seguridad, que han respondido con gases lacrimógenos y fuerza letal. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 22 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas, incluyendo manifestantes, transeúntes y víctimas de saqueos posteriores por parte de bandas no asociadas con las protestas.
El Gobierno de Madagascar rechazó estas cifras, alegando que se basan en «rumores o desinformación» y no en datos oficiales de autoridades nacionales. Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU, condenó la «respuesta violenta» de las fuerzas de seguridad y exigió respeto a la libertad de expresión y reunión pacífica.
En ciudades como Antananarivo, la capital, se reportaron enfrentamientos cerca de la Universidad, con manifestantes lanzando piedras y canisters de gas lacrimógeno de vuelta a la policía. Algunos informes mencionan daños a hogares de legisladores, aunque los manifestantes atribuyen los saqueos a «matones pagados» para desacreditar el movimiento.
La situación sigue en desarrollo, con protestas reportadas incluso después del anuncio presidencial. Organismos internacionales llaman a la moderación, mientras el país lidia con su frágil infraestructura pese a sus vastos recursos naturales
