La Cámara de Diputados de México aprobó, en general, la nueva Ley sobre Desaparición Forzada, que incluye la creación de un Registro Biométrico Nacional integrado en la Clave Única de Registro de Población (CURP). La reforma, aprobada con 438 votos a favor, 38 en contra y ninguna abstención, busca fortalecer la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas mediante una Plataforma Unificada de Identidad que interconecta datos biométricos, como huellas dactilares y fotografías, con bases de datos públicas y privadas, incluyendo las de los sectores financiero, de telecomunicaciones, salud, educación y transporte.
La ley también modifica la Ley General sobre Desaparición Forzada y la Ley General de Población, eludiendo las discusiones en comisión debido a su designación de «resolución urgente y evidente». Los críticos, incluidos los partidos de oposición, han expresado su preocupación por posibles violaciones a la privacidad y el riesgo de vigilancia estatal, calificándola como un pretexto para la «vigilancia biométrica». La reforma, propuesta inicialmente por la presidenta Claudia Sheinbaum en marzo de 2025, fue aprobada previamente por el Senado con 68 votos a favor, 27 en contra y seis abstenciones, y ahora espera su mayor trámite legislativo.
