Lucha contra el Cártel de Sinaloa
La lucha contra el Cártel de Sinaloa ha intensificado en 2024, marcada por operativos significativos y tensiones internas dentro de la organización. Tras la detención en julio de 2024 de dos líderes clave, Ismael «El Mayo» Zambada y Joaquín Guzmán López, en El Paso, Texas, se desató una guerra interna entre las facciones de «Los Chapitos» (hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán) y los seguidores de Zambada. Esta disputa ha generado un aumento en la violencia en Sinaloa, con reportes de al menos diez asesinatos relacionados entre agosto y diciembre de 2024. El gobierno mexicano ha desplegado cientos de militares en Sinaloa, respondiendo a presiones de Estados Unidos, particularmente de Donald Trump, quien ha exigido acciones contundentes contra los cárteles, amenazando con aranceles o intervenciones militares. En diciembre de 2024, las autoridades mexicanas incautaron 1.3 toneladas de fentanilo, y en febrero de 2025 capturaron a varios lugartenientes del cártel en Sinaloa, aunque analistas señalan que el grupo sigue operativo debido a la fuerte demanda de drogas en EE.UU. y su estructura fragmentada pero resiliente.
Nueva Ley de Seguridad 2024-2030
El Senado mexicano aprobó una nueva ley de seguridad para el período 2024-2030, enfocada en fortalecer la estrategia contra el crimen organizado, incluyendo al Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta legislación busca consolidar el rol de la Guardia Nacional, creada en 2019, como una fuerza permanente en áreas de alta incidencia delictiva. La ley responde a la necesidad de una política de seguridad a largo plazo, pero expertos advierten que su éxito dependerá de la coordinación entre autoridades federales, estatales y locales, así como de abordar la corrupción. La estrategia incluye capturas de alto perfil, presionadas por EE.UU., y un enfoque en reducir la violencia sin intervención extranjera, como ha enfatizado la presidenta Claudia Sheinbaum.
Caso Rancho Izaguirre y la «Madre Buscadora»
El caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha generado controversia tras el descubrimiento de lo que activistas denominan un «campo de exterminio» presuntamente operado por el CJNG. Madres buscadoras, colectivos que buscan a personas desaparecidas, denunciaron que el sitio contenía evidencias como restos óseos, ropa y fosas con indicios de crematorios clandestinos. Sin embargo, Patricia Sotelo, una madre buscadora, contradijo la versión oficial de la Fiscalía General de la República (FGR), que afirmó que el rancho era un centro de entrenamiento del CJNG y no de exterminio. Sotelo acusó a las autoridades de manipular el lugar, describiéndolo como «pintado, arreglado y barrido», sin evidencias visibles durante un recorrido el 20 de marzo de 2025, lo que calificó como una «burla» a su dolor. Las madres buscadoras también denunciaron negligencia, como ser abandonadas por la FGR en el municipio, y falta de avances en las investigaciones, lo que refuerza la percepción de complicidad o inacción institucional. Un video atribuido al CJNG negó que el rancho fuera un centro de exterminio, amenazando a las buscadoras y a la prensa, lo que ha incrementado el miedo entre los colectivos.
Contexto Adicional
El Cártel de Sinaloa, aunque debilitado por capturas y divisiones internas, mantiene su influencia internacional, especialmente en el tráfico de cocaína y fentanilo, mientras el CJNG ha ganado terreno en regiones clave. Las madres buscadoras, como Sotelo, enfrentan no solo la amenaza de los cárteles, sino también la indiferencia de las autoridades, lo que agrava la crisis de desapariciones en México, con más de 125,000 personas desaparecidas. La nueva ley de seguridad busca abordar estas problemáticas, pero las críticas de activistas y la falta de transparencia en casos como el Rancho Izaguirre evidencian desafíos estructurales.

