En México, el 49% de la población que no es derechohabiente de servicios de salud públicos como los que ofrece el IMSS o el ISSSTE.
Redacción En México, según datos recientes, el 49% de la población que no es derechohabiente de servicios de salud públicos, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), enfrenta mayores dificultades para acceder a servicios de salud, lo que representa un desafío significativo para el sistema sanitario.
Esto implica que cerca de la mitad de los mexicanos no cuentan con afiliación a instituciones de seguridad social y dependen de servicios privados, IMSS-Bienestar, sistemas estatales de salud o, en muchos casos, no tienen acceso efectivo a atención médica. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y otras fuentes, esta población suele recurrir a consultorios privados, farmacias o unidades de la Secretaría de Salud, pero enfrenta barreras como altos costos, largas esperas o infraestructura limitada, especialmente en áreas rurales.
Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022 indica que el 48.8% de la población no tiene seguridad social, y de este grupo, el 35.6% se atiende en unidades privadas, el 37.5% en la Secretaría de Salud y el 24.9% en consultorios adyacentes a farmacias. Además, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reportó que, entre 2018 y 2020, la población con carencia de acceso a servicios de salud creció de 20.1 a 35.7 millones, lo que refleja un aumento en la vulnerabilidad.
IMSS-Bienestar ha buscado atender a esta población sin seguridad social, cubriendo al 84.8% de este grupo (aproximadamente 53.2 millones de personas) en 23 estados federalizados, con 635 hospitales y 11,913 centros de salud. Sin embargo, persisten desafíos como recortes presupuestales, desigualdades regionales y falta de infraestructura, lo que limita el acceso efectivo.
