EL ESTADO FALLIDO TIENE ROSTRO DE MADRE: LA SÚPLICA AL NARCO QUE CONDENA A NAYARIT Y A LA FEDERACIÓN.

Ante el colapso absoluto del sistema judicial y el maquillaje de cifras oficiales, las familias de los desaparecidos arrebatan la soberanía penal a las instituciones: prefieren pactar la verdad con los verdugos antes que esperar la simulación gubernamental.

Por Carlos Hartig.

Tepic.-  El contrato social en México no se rompió ayer; lleva años desmoronándose bajo el peso de fosas clandestinas y carpetas de investigación archivadas deliberadamente. Sin embargo, lo ocurrido esta semana en los puentes peatonales y avenidas principales de Nayarit representa un punto de no retorno. No son narcomantas de un cartel rival disputándose la plaza; son los gritos desesperados de madres buscadoras que, con letras de colores y pintura en aerosol, han dejado en claro quién ejerce el verdadero control territorial y de información en la entidad.

«Sres. del crimen organizado: estamos desesperadas, ayúdenos a encontrar a los desaparecidos», expone una de las mantas fijadas en las estructuras urbanas. El mensaje, lejos de ser una apología, es un veredicto de culpabilidad directo contra el aparato gubernamental: «Gobierno omiso e indolente». Nombres como Osmth Heredia y Alberto Osuna cuelgan de las rejas de los puentes, recordándole a los transeúntes y a los funcionarios de las camionetas blindadas que las personas no se esfuman; a las personas se las llevan ante la mirada cómplice, pasiva o aterrorizada del Estado.

Este colapso estructural sacude de fondo la política interior del estado y pone bajo los reflectores de la opinión pública nacional la opacidad de la Delegación de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en Nayarit, encabezada por Naya Mayorquín, una oficina que los colectivos de derechos humanos y familiares señalan de funcionar únicamente como un dique burocrático de contención y relaciones públicas en vez de actuar como un centro operativo de auxilio y pacificación. La alarmante desconexión e indolencia política compartida entre la delegada federal y el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero ha dejado en total desamparo económico y operativo a las agrupaciones civiles. Son las madres y hermanas quienes se verán forzadas a realizar colectas públicas para costear picos, palas, varillas de rastreo e incluso el alquiler de retroexcavadoras para reventar el subsuelo en busca de fosas clandestinas, mientras los funcionarios de las dependencias encargadas de coordinar la política interna se dedican a maquillar el impacto de la crisis humanitaria y a eludir su responsabilidad constitucional.

Al contrastar la retórica oficial con los registros del propio Estado y los análisis metodológicos de la academia, la tragedia adquiere dimensiones brutales que colocan a Nayarit en una situación de urgencia nacional. Con base en datos históricos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el estado acumula un registro histórico que rebasa las 4,800 personas reportadas en estatus de desaparición y localización, de las cuales una cifra superior a los 2,100 cuerpos permanecen activamente bajo la categoría de desaparecidos sin dejar rastro. Especialistas en el análisis de contexto de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) han documentado de forma persistente un subregistro crónico provocado por el miedo sistémico a las represalias del narcotráfico, revelando que las agencias del Ministerio Público local recurren a la manipulación administrativa para alterar las bases de datos del INEGI, reclasificando las desapariciones forzadas bajo las figuras administrativas de «personas no localizadas» o «ausencias voluntarias» con la única finalidad de ocultar la inercia criminal que estalló con violencia inaudita a partir del año 2017.

El impacto de esta crisis coloca a Nayarit bajo un riguroso escrutinio en el plano nacional e internacional, donde las métricas oficiales se quiebran ante el veredicto de los organismos de derechos humanos. A nivel nacional, el municipio de Tepic encabeza el horror concentrando casi el 46% de las desapariciones de toda la entidad con cerca de un millar de casos documentados, seguido de cerca por regiones de alto dinamismo económico y turístico como Bahía de Banderas, que registra más del 10% del total de las víctimas de la entidad. Esta tendencia es alimentada por un índice de impunidad penal en el estado que supera el 98% en los delitos de desaparición cometido por particulares y servidores públicos; un dato alarmante que el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha calificado reiteradamente como un reflejo de estructuras de macro-criminalidad, donde la omisión o la colusión directa de las fuerzas de seguridad estatales facilitan que carteles hegemónicos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) controlen la vida y el destino de los habitantes sin temor a pisar la cárcel.

Frente a este vacío gubernamental, la resistencia civil se ha articulado a través del dolor y la digna rabia de colectivos locales que se han convertido en las verdaderas fiscalías de la calle. Organizaciones emblemáticas como «Por Nuestros Corazones», fundado en Tepic, y colectivos como «Familias Unidas por Nayarit» y «Guerreras Buscadoras de Nayarit», han mapeado el subsuelo del estado desafiando las balas. Estas redes de madres no actúan solas; a nivel nacional, su lucha se entrelaza con el respaldo técnico y el eco mediático del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) y plataformas de monitoreo como Red Lupa, auspiciada por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD). Son estas alianzas ciudadanas las que documentan que el rango de edad más afectado por las desapariciones en la región fluctúa dramáticamente entre los 25 y los 39 años, destruyendo la base laboral del estado; mientras que en el caso específico de las mujeres, el 27% de las víctimas corresponde a adolescentes de entre 15 y 19 años, ganchos directos de las redes de trata y explotación que operan bajo el cobijo de la omisión estatal.

En las regiones marginadas de la sierra y la zona norte del estado, como los municipios de Huajicori, Acaponeta y San Pedro Lagunillas, la desaparición masiva de personas ha provocado un severo desplazamiento forzado de comunidades enteras que huyen de la violencia extrema y dejan atrás pueblos fantasmas, zonas de absoluto silencio donde no existen fiscalías operativas ni mecanismos gubernamentales capaces de documentar el despojo de tierras y la sustracción de jóvenes. Mientras las mesas de seguridad pública que presiden Navarro Quintero junto a la delegación de SEGOB a cargo de Naya Mayorquín presumen supuestos despliegues operativos y asignaciones presupuestales destinadas a las instituciones de búsqueda, el panorama en los predios, brechas y fosas clandestinas es de un abandono desolador. El aparato del Estado ha claudicado en su obligación más elemental, delegando de facto la carga de la investigación criminal a las madres de familia, quienes arriesgan su propia integridad física en cada jornada al adentrarse en territorios dominados por el narcotráfico, sin más protección que su propia determinación de encontrar la verdad que las instituciones les han negado sistemáticamente.

El retiro sigiloso e inmediato de las mantas de los puentes públicos por parte de las fuerzas policiacas locales durante las madrugadas no conseguirá borrar la huella del colapso de las instituciones en Nayarit ni silenciará una crisis humanitaria que ya retumba en el centro del país. Que las madres nayaritas tengan que apelar públicamente a la piedad y la tregua del narcotráfico frente a la inutilidad de las delegaciones federales y de la fiscalía general del estado representa la prueba irrefutable de que el Estado de derecho es una ficción jurídica en el pacífico mexicano. La deuda histórica de sangre y justicia que acumulan la administración estatal y la delegación de gobernación federal sigue creciendo al mismo ritmo que las fosas clandestinas; una realidad desgarradora que ninguna campaña mediática ni maquillaje de cifras ante el INEGI podrá ocultar frente a los ojos de una nación que observa cómo la simulación política se convierte en la peor forma de complicidad criminal.