SIERRA BAJO FUEGO: EL SANGRIENTO EXTERMINIO ANCESTRAL QUE MÉXICO E INTERNACIONALES RECHAZAN MIRAR.

Una investigación de campo, sustentada en reportes confidenciales de derechos humanos, datos de exclusión del INEGI y testimonios de asambleas comunitarias, devela cómo la Sierra de Nayarit se ha convertido en un territorio sin ley. Mientras el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) libran una guerra encarnizada por el control de las rutas serranas, las comunidades Náayeri, Wixárika, Meshikan y O’dam enfrentan un etnocidio silencioso marcado por el despojo de tierras, desapariciones forzadas y un éxodo masivo que las autoridades federales intentan contener con militares, pero sin justicia real.

Por Carlos Hartig.

La Sierra de Nayarit se ha convertido en una fosa abierta de derechos humanos donde la supervivencia de los pueblos Náayeri (coras), Wixárika (huicholes), Meshikan (mexicaneros) y O’dam (tepehuanos) pende de un hilo. Este bastión de resistencia milenaria hoy es el escenario de una guerra asimétrica y sanguinaria provocada por el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes disputan palmo a palmo el control geopolítico de la serranía para el tráfico de armas, drogas y minerales de extracción ilegal. Lejos de tratarse de un simple conflicto entre particulares o una estadística más de la delincuencia organizada, las comunidades originarias enfrentan un proceso sistemático de despojo y sometimiento. El impacto de las balas y las granadas no solo destruye la paz física, sino que pulveriza la gobernanza tradicional, silencia las asambleas comunitarias y decapita el liderazgo de los gobernadores indígenas, dejando a miles de familias desamparadas bajo un régimen de terror impuesto por las armas.

Ante la magnitud de esta catástrofe humanitaria, los reflectores globales han comenzado a encenderse con alarmante urgencia. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en conjunto con organizaciones de la sociedad civil internacional que sostienen un estatus consultivo ante la ONU como Idheas Litigio Estratégico, han interpuesto reiteradas Acciones Urgentes ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED). Los expedientes de estos organismos internacionales documentan una tenebrosa constante en el territorio nayarita: comuneros, activistas ambientales y líderes étnicos que defienden sus bosques son desaparecidos de forma sistemática en los caminos de la sierra profunda. Las resoluciones internacionales no se andan con rodeos e increpan al Estado mexicano por su inacción, denunciando la existencia de redes de complicidad local u omisiones estructurales que perpetúan la impunidad y bloquean la búsqueda inmediata de las víctimas en las zonas de conflicto.

El fenómeno del Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Nayarit se ha disparado a niveles de emergencia humanitaria, transformando a los guardianes legítimos de la tierra en refugiados sin rumbo dentro de su propio país. De acuerdo con los monitoreos históricos y de campo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la población indígena en México absorbe de manera desproporcionada el impacto de las migraciones forzadas masivas, llegando a representar entre el 40% y el 60% de los afectados en eventos multitudinarios a nivel nacional. En los límites serranos que conectan a Nayarit con Durango y Zacatecas, comunidades enteras se han visto obligadas a abandonar sus parcelas, animales y hogares de la noche a la mañana tras ser amenazadas de exterminio por los comandos armados. Este desarraigo absoluto destruye el tejido cultural de los pueblos, interrumpe de forma indefinida la educación de la niñez indígena y les arrebata el acceso a sus santuarios de oración, asestando un golpe de muerte a su identidad étnica.

En el plano nacional, los datos crudos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrecen una radiografía estadística que valida el terror que se vive en las montañas. Los indicadores de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) estipulan que más del 38% de las mujeres en Nayarit perciben y sufren agresiones explícitas en el ámbito comunitario, una cifra que se recrudece en las regiones indígenas de difícil acceso geográfico, donde las agresiones físicas graves ocurren intramuros o bajo el asedio criminal de las brechas. Asimismo, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) subraya que cerca del 30% de los habitantes originarios de la región padece racismo, exclusión institucional y maltrato debido a su lengua o indumentaria tradicional. Esta discriminación histórica opera como un catalizador silencioso: debilita las defensas económicas y jurídicas de los pueblos antes de que los cárteles ejecuten el despojo violento de sus tierras.

Por su parte, la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) ha levantado la voz desde el ámbito académico, desnudando a través de sus investigadores en antropología social, derecho consuetudinario y estudios de género las fallas del sistema de justicia penal en el estado. Los análisis de la UAN demuestran que las políticas públicas de prevención y persecución del delito están completamente divorciadas de la realidad plurilingüe de la sierra baja y alta. Al carecer las agencias del Ministerio Público y la Fiscalía local de un cuerpo robusto, permanente y certificado de intérpretes en lenguas indígenas, las denuncias por desaparición, extorsión o violación sistemática de mujeres quedan archivadas o desestimadas. Académicos universitarios advierten además que el vacío de poder legal ha permitido que las células delictivas impongan toques de queda y controlen el libre tránsito, usando el aislamiento y la falta de oportunidades como un anzuelo perfecto para el reclutamiento forzado de jóvenes y adolescentes.

El Gobierno Federal ha respondido a la crisis mediante un despliegue masivo de fuerzas de seguridad militarizadas, pero las asambleas comunitarias insisten en que las medidas son meramente reactivas y de corto alcance. Tras los crudos pasajes de violencia registrados en municipios clave como Huajicori, Del Nayar y La Yesca, contingentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Guardia Nacional han decomisado arsenales de alto poder, vehículos con blindaje artesanal y miles de cartuchos útiles. No obstante, las incursiones militares rara vez logran desmantelar los liderazgos y las finanzas del crimen organizado, provocando que los delincuentes se replieguen momentáneamente solo para regresar con mayor brutalidad una vez que las tropas se retiran de los poblados, perpetuando un círculo vicioso de ocupación armada y abandono institucional.

Paralelamente, los esfuerzos gubernamentales canalizados a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) bajo el «Plan de Justicia» federal sufren un severo colapso práctico en materia de seguridad agraria. Aunque estas mesas de concertación política tienen el noble objetivo de restituir miles de hectáreas comunales que terratenientes y caciques locales invadieron ilegalmente durante décadas, la realidad en el terreno anula los decretos presidenciales. Los comuneros y defensores wixárikas y coras denuncian continuamente que de nada sirve poseer títulos de propiedad restituidos por el gobierno federal si la delincuencia organizada ejerce el control absoluto de las brechas físicas, cobrando derecho de piso a los agricultores o impidiéndoles transitar hacia sus parcelas bajo la amenaza latente de ejecución forzada.

La confluencia de este abandono estatal, el racismo estructural del sistema judicial y la voracidad sanguinaria de los carteles convierte la crisis de la Sierra de Nayarit en un asunto de urgencia internacional que exige la intervención de misiones de observación de la OEA y la ONU. La falta de presupuestos extraordinarios para equipar centros médicos de emergencia, el desabasto provocado por el bloqueo de caminos y la nula reparación del daño a las víctimas del desplazamiento forzado interno pintan el cuadro de un etnocidio moderno por omisión. Si los tres niveles de gobierno continúan apostando por paliativos discursivos e intervenciones militares temporales en lugar de blindar la autonomía y la integridad física de las comunidades originarias, el mapa cultural de Nayarit perderá para siempre el legado vivo de sus pueblos fundacionales.