La Yesca Bajo Llave: El Grito de una Sierra Olvidada por la Opacidad de Rosy Reyes Jiménez.
Redacción 
Por Carlos Hartig.
La paciencia de la Sierra Madre Occidental se agotó. En un acto de desesperación y dignidad comunitaria, un frente unificado de campesinos, ganaderos, transportistas y comerciantes de diversas localidades de La Yesca paralizó desde las 8:00 de la mañana de este miércoles la conectividad del municipio. El epicentro del conflicto se localiza en el estratégico crucero de San Pelayo y El Ranchito, donde los manifestantes instalaron un bloqueo carretero pacífico pero inquebrantable en la vía que comunica a la cabecera municipal con la imponente Presa Hidroeléctrica La Yesca. La movilización no es un hecho aislado, sino la dolorosa consecuencia de años de abandono institucional, promesas rotas y un asfalto completamente destrozado que hoy representa una trampa mortal para las cientos de familias que dependen diariamente de esta ruta para su subsistencia, salud y economía.
El pliego petitorio de los inconformes expone con crudeza el colapso de la infraestructura vial de la región, una realidad que se agrava drásticamente con la llegada de la temporada de lluvias. Quienes arriesgan su vida y sus vehículos en este trayecto denuncian que, desde la inauguración de los tramos que colindan con la megaobra hidroeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el presupuesto para su mantenimiento preventivo y correctivo ha sido inexistente. La vía presenta un inventario de terror: derrumbes masivos de cerros que invaden los carriles, socavones profundos provocados por peligrosas filtraciones de agua, baches que parecen cráteres, grietas severas y un sistema de cunetas y alcantarillado totalmente obstruido por el lodo y la maleza. Los manifestantes advierten con justa razón que la inacción gubernamental está a un paso de convertirse en tragedia, pues la arteria es intransitable para los servicios de emergencia y el traslado de mercancías esenciales.
En el centro del huracán político y social se encuentra la presidenta municipal, Rosa Elena «Rosy» Reyes Jiménez, cuya gestión enfrenta su crisis de legitimidad más severa debido a una preocupante desconexión con las demandas de su pueblo. Diversos sectores de la población local interpretan esta protesta como un contundente «ya basta» a la indolencia de una administración municipal que ha preferido ignorar las constantes denuncias y solicitudes ciudadanas en lugar de ejecutar soluciones reales en el territorio. Para los habitantes, resulta inadmisible que un municipio que alberga una infraestructura generadora de energía de relevancia nacional mantenga a sus propios ciudadanos viviendo en un aislamiento tercermundista. La indignación colectiva no solo señala la falta de resultados tangibles en obra pública, sino una aparente ceguera gubernamental ante las legítimas necesidades de movilidad y seguridad de las comunidades rurales e indígenas.
El punto más álgido y que despierta serias sospechas de corrupción u opacidad administrativa gira en torno al camino rural que conduce de “El Plan del Muerto” a “San Pelayo”. De acuerdo con los comités comunitarios, tanto la alcaldesa Rosy Reyes Jiménez como la síndico Esmeralda Arellano han sostenido con insistencia en el discurso oficial que los recursos financieros para la restauración de este tramo ya fueron aprobados, liberados y liquidados. Sin embargo, la realidad a ras de suelo desmiente tajantemente las declaraciones del ayuntamiento: en el lugar no existe una sola máquina operando, no hay personal vertiendo materiales ni se aprecia el más mínimo avance físico de la obra. Este desfase de «obras pagadas en el papel pero invisibles en la realidad» ha encendido las alarmas de la población, que ahora exige transparencia inmediata para saber a dónde fueron a parar los fondos públicos destinados a conectar a los pueblos originarios de la sierra.
Las repercusiones de este cerco vial trascienden las fronteras del municipio y ya hacen eco a nivel nacional, debido al peso estratégico de la planta hidroeléctrica de la cuenca del Río Santiago. Al obstruir el paso, las comunidades no solo frenan el flujo de la economía local, sino que comprometen el traslado de personal técnico y operaciones logísticas de la CFE, además de inmovilizar a las brigadas de Protección Civil en una temporada crítica de contingencias climáticas e incendios forestales. A pesar de la magnitud de la afectación, los organizadores han dejado en claro que la manifestación mantendrá estrictamente su carácter pacífico, pero advierten con firmeza que el bloqueo carretero no se levantará bajo ninguna circunstancia mediante promesas de saliva o minutas de escritorio vacías que la alcaldesa Reyes Jiménez suele utilizar para postergar los conflictos.
La condición innegociable de los manifestantes para liberar la circulación de la carretera exige el establecimiento de mesas de diálogo de alto nivel que cuenten con la intervención directa del Gobierno del Estado de Nayarit y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). El pueblo de La Yesca exige una auditoría física rigurosa que obligue a la administración de Rosy Reyes a rendir cuentas sobre el destino de los recursos de las obras fantasmas y, al mismo tiempo, demanda el arribo inmediato de maquinaria pesada para iniciar las labores urgentes de bacheo, remoción de escombros y sellado de grietas. «No esperemos que sea demasiado tarde, evitemos accidentes y tragedias por el mal estado de esta carretera», sentencia el manifiesto ciudadano, dejando en claro que la dignidad de la sierra nayarita se defenderá en el asfalto hasta que la justicia y la transparencia finalmente se hagan presentes.
