Ciudad de México (RRC): El senador Gerardo Fernández Noroña (Morena) exigió al gobierno federal implementar medidas de resguardo, vigilancia y restricciones de movilidad para los funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, a fin de impedir que se entreguen voluntariamente a las autoridades estadounidenses y se conviertan en testigos protegidos.
En un video chat transmitido en sus redes sociales, Noroña lamentó que dos de los llamados “10 de Sinaloa” —Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del gobierno de Rubén Rocha Moya— ya se hayan entregado a la justicia de Estados Unidos.
“El gobierno de México debería tenerlos bajo resguardo, bajo vigilancia, bajo ciertas limitaciones de movilidad para evitar que vayan y se entreguen a Estados Unidos a convertirse en testigos protegidos, porque ante las características de las leyes de aquel país, pueden decir lo que sea”, declaró el legislador.
Noroña consideró grave no solo las acusaciones provenientes de Washington, sino el hecho de que los implicados hayan podido salir del país y entregarse por su propia decisión. Según el senador, esto permite que negocien su situación legal y proporcionen cualquier tipo de declaración que convenga al gobierno estadounidense.
Los “10 de Sinaloa” forman parte de una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios o exfuncionarios, a quienes se les imputa haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense.
El legislador morenista ha sido uno de los más vocales en defender la soberanía nacional ante las presiones de Estados Unidos, retando a Washington a presentar pruebas concretas y advirtiendo que México no se “doblará” ante intervenciones externas.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas han señalado que no cuentan con elementos suficientes en territorio nacional para proceder contra los señalados, mientras continúan solicitando información formal al gobierno de Estados Unidos. El caso ha generado tensión diplomática y ha reavivado el debate sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad y narcotráfico.
Noroña insistió en que el Gabinete de Seguridad debe actuar preventivamente con el resto de los implicados para evitar que se repita lo ocurrido con Mérida Sánchez y Díaz Vega.

