Redacción 
Por Ricardo Reyes.
Aunque el Gobierno Federal ha presumido una reducción en los índices de violencia durante los últimos meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la realidad que reflejan los registros oficiales y organismos civiles mantiene encendidas las alertas en diversas entidades del país, donde los homicidios dolosos y las desapariciones continúan golpeando con fuerza a miles de familias mexicanas.
De acuerdo con cifras del INEGI, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y plataformas especializadas como el Atlas de Homicidios de México, estados como Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Baja California y Sinaloa se han consolidado entre las entidades con mayor número de homicidios dolosos acumulados entre 2018 y 2025.
Guanajuato permanece como el epicentro de la violencia homicida en México, acumulando miles de asesinatos durante los últimos años y manteniéndose constantemente en los primeros lugares nacionales. A esta entidad le siguen el Estado de México y Chihuahua, donde la presencia y disputa de grupos criminales ha dejado una estela de ejecuciones, enfrentamientos y ataques armados.
En cuanto a la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, Colima continúa encabezando los registros más alarmantes del país, alcanzando cifras que rondan entre los 98 y 102 asesinatos por cada 100 mil habitantes en años recientes, muy por encima de la media nacional. Morelos, Baja California, Guanajuato y Chihuahua también presentan índices críticos de violencia.
Las estadísticas muestran que al menos siete entidades concentran más de la mitad de los homicidios dolosos cometidos en México. Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Jalisco —o Michoacán, dependiendo del periodo analizado— figuran de manera recurrente entre los focos rojos de inseguridad.
Aunque en 2025 se reportó una disminución preliminar en el número nacional de homicidios, especialistas advierten que la reducción no modifica el hecho de que México continúa enfrentando una de las etapas más violentas de su historia reciente, con regiones completas dominadas por la operación del crimen organizado.
Paralelamente, la crisis de personas desaparecidas sigue expandiéndose en el país. Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) revelan que México acumula cientos de miles de registros históricos relacionados con desapariciones y personas no localizadas.
Jalisco encabeza la lista de estados con más casos reportados, seguido del Estado de México y Tamaulipas. Veracruz, Nuevo León y Michoacán también mantienen cifras alarmantes que reflejan la gravedad del fenómeno.
Autoridades y colectivos de búsqueda han señalado que gran parte de estas desapariciones están vinculadas a actividades del crimen organizado, disputas territoriales, trata de personas, extorsión y redes de narcotráfico que operan principalmente en el occidente y norte del país.
La problemática afecta principalmente a hombres jóvenes; sin embargo, organizaciones civiles han advertido un crecimiento preocupante en los casos de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas, particularmente en entidades como el Estado de México y Tamaulipas.
Especialistas en seguridad coinciden en que la violencia en México no puede entenderse únicamente a través de estadísticas diarias. La disputa entre cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación y grupos ligados al Cártel de Sinaloa, sumada a la corrupción, la impunidad y las deficiencias en procuración de justicia, han profundizado la crisis de seguridad en distintas regiones del país.
A pesar de los anuncios oficiales sobre reducciones en homicidios dolosos desde finales de 2024, organismos civiles y colectivos de víctimas sostienen que las desapariciones continúan siendo una deuda pendiente del Estado mexicano.
La violencia no solo deja cifras récord; detrás de cada caso existen familias fracturadas, comunidades enteras viviendo bajo temor y miles de personas que siguen esperando justicia y verdad.
