Por Carlos Hartig.
En un escenario político donde la bandera del arcoíris suele usarse más como accesorio de campaña que como compromiso de gobierno, Omar Cordero, comisionado de la Secretaría Nacional de Diversidad Sexual de MORENA, puso el dedo en la llaga sobre la realidad que vive Nayarit. Si bien el partido oficialista presume liderar las encuestas bajo la sombra de la presidenta Claudia Sheinbaum, la estructura interna enfrenta el reto de pasar de la retórica a los hechos, especialmente cuando la unidad parece condicionada al cumplimiento de los resultados de las encuestas y a la disciplina de los partidos aliados como el Verde y el PT.
La crítica más severa de Cordero se centró en la preocupante decadencia del apoyo institucional hacia las marchas del Orgullo LGBT. El comisionado calificó de «alarmante» la desaparición de estos movimientos en diversos estados debido al abandono gubernamental. Fue tajante al señalar que los gobiernos locales han confundido su rol: mientras algunos niegan el apoyo básico, otros intentan «adueñarse» de la lucha para convertirla en una fiesta oficialista. La advertencia es clara: la marcha es una protesta social y política por derechos, no una pasarela para que los ayuntamientos limpien su imagen sin ofrecer garantías reales de seguridad y visibilidad.
El municipio de Bahía de Banderas surgió como el ejemplo vivo de esta simulación. Cordero arremetió contra la gestión de Héctor Santana, denunciando una cerrazón sistemática hacia el colectivo «Bahía Pride». Resulta paradójico que un destino con aspiraciones internacionales mantenga una postura homofóbica institucional, ignorando oficios y peticiones ciudadanas. El comisionado señaló que el intento del alcalde por organizar su propio evento «por fuera» el año pasado no fue un acto de apoyo, sino una estrategia para invisibilizar al activismo auténtico y desplazar la agenda de derechos por un espectáculo vacío.
Aunado a la falta de voluntad política en la alcaldía, el análisis de Cordero desnudó una realidad incómoda en el gabinete de Santana: la presencia de funcionarios de la diversidad que, en la práctica, actúan como figuras decorativas. Al no presionar por la apertura de espacios como la plaza pública o recursos logísticos mínimos, estos servidores públicos estarían dando la espalda a su propia comunidad. Esta «inclusión por requisito» no solo no beneficia al colectivo, sino que sirve de escudo para una administración que se niega a reconocer el potencial de Bahía de Banderas como un destino turístico y socialmente diverso.
El vacío de poder también se extiende al ámbito estatal. Cordero denunció que, desde su salida de la Dirección de Inclusión del Gobierno del Estado, la titularidad permanece vacante, dejando a la deriva a cientos de personas que buscan acompañamiento en casos críticos. Esta ausencia de mando oficial es la prueba fehaciente de que la diversidad sexual no ha sido una prioridad en la agenda ejecutiva reciente, obligando a los liderazgos partidistas a realizar una labor de atención ciudadana que le corresponde estrictamente a las instituciones del Estado.
En el plano legislativo y partidista, el comisionado no dudó en señalar la hipocresía del PAN. Aunque reconoció liderazgos locales como el de Esther Mota, subrayó que a nivel nacional el blanquiazul sigue siendo una fábrica de discursos de odio. Para Cordero, la inclusión de figuras diversas en partidos tradicionalmente conservadores seguirá siendo un «tabú» mientras no se reformen los estatutos que violentan los derechos humanos. La crítica se extiende a la duda razonable sobre si los diputados locales realmente votarían a favor de las iniciativas de la agenda LGBT o si solo mantienen una postura de neutralidad conveniente.
Finalmente, el panorama hacia los próximos procesos electorales en Nayarit se presenta bajo una promesa de «acciones afirmativas» que MORENA deberá cumplir para no caer en los mismos vicios que critica. Cordero aseguró que su permanencia en el territorio y su participación en las encuestas buscan garantizar que los espacios para jóvenes, mujeres y la diversidad sexual no sean negociables. Sin embargo, el reto para 2026 será demostrar que la «Cuarta Transformación» en el estado puede realmente integrar a estos sectores sin que sus demandas queden sepultadas por la burocracia o el desinterés de los presidentes municipales en turno.

