Redacción 
Por Carlos Hartig.
La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, advirtió sobre la inviabilidad operativa de realizar las elecciones del Poder Judicial de forma concurrente con los comicios ordinarios de junio. Ante esta situación, reveló que se ha planteado formalmente al Congreso de la Unión y a la Presidencia de la República posponer el proceso judicial hasta octubre de 2027. Esta medida busca evitar un colapso logístico y financiero, permitiendo que el organismo aproveche la sinergia de la jornada previa en cuanto a capacitación y ubicación de casillas.
La funcionaria explicó que la complejidad de organizar ambos procesos el mismo día impactaría directamente en la calidad del voto ciudadano. Según Humphrey, la saturación de candidaturas impediría que los electores conozcan a fondo los perfiles de jueces y magistrados, quienes, por ley, no cuentan con acceso a tiempos oficiales en radio y televisión ni a recursos públicos. «Es un escenario favorable postergarlo para que las campañas del Poder Judicial no compitan en desventaja con la maquinaria de los partidos políticos», señaló.
En el ámbito de la integridad electoral, Humphrey puso sobre la mesa una propuesta de alto impacto: la anulación de elecciones cuando se determine la presencia de recursos del crimen organizado. Aunque esta iniciativa fue entregada a la Comisión de Reforma Electoral, la consejera lamentó que aún existan resistencias. Subrayó que la responsabilidad primaria recae en los partidos políticos, quienes deben funcionar como el primer filtro ético para investigar a fondo la trayectoria de las personas que postulan a cargos de elección popular.
Un obstáculo crítico identificado por la consejera es la falta de cooperación de instancias clave como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República. Humphrey denunció que, a pesar de las obligaciones legales, estas instituciones suelen ignorar los plazos de cinco días para responder a los requerimientos de fiscalización del INE. Esta opacidad institucional impide que la autoridad electoral desahogue las quejas sobre flujos de dinero ilícito, dejando procesos de fiscalización incompletos y vulnerables.
En cuanto a la violencia política de género, la consejera alertó que las agresiones contra mujeres en la política siguen en aumento, migrando con fuerza hacia el terreno digital. Señaló la dificultad de combatir la violencia en redes sociales que carecen de representación legal en México, lo que impide bajar contenidos agresivos de manera oportuna. Además, destacó un rezago judicial preocupante: a pesar de que la violencia política es ya un delito tipificado, a nivel federal aún no se cuenta con sentencias condenatorias.
Respecto a la participación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), Humphrey enfatizó que su desempeño es desigual. Mientras algunos resuelven quejas con celeridad, otros enfrentan vacíos legales que obligan a las mujeres víctimas de violencia a litigar mientras realizan campaña. Ante la cercanía de la renovación de 17 gubernaturas y 31 congresos locales, el INE analiza emitir lineamientos generales que unifiquen los criterios de actuación en los estados para evitar actos anticipados de campaña.
Sobre la modernización del sistema, la consejera insistió en que quedaron temas urgentes «en el tintero», específicamente la regulación de la inteligencia artificial. Advirtió sobre el peligro de la manipulación de voces y la creación de contenidos sintéticos sin que la ciudadanía sepa que no son reales. Para la consejera, la transparencia tecnológica es hoy tan vital como la fiscalización financiera para proteger la autenticidad de la voluntad popular en las urnas.
Finalmente, Humphrey reiteró que el presupuesto y la logística para una elección judicial concurrente serían excesivos y riesgosos para la paz pública. Al proponer el ajuste a octubre de 2027 —o incluso considerar la opción legislativa de 2028—, el INE busca un espacio de maniobra que garantice una jornada pacífica. «Cualquier escenario de postergar y no hacerlo concurrente nos parece favorable para asegurar que cada ciudadano emita un voto informado y razonado», concluyó la consejera electoral.
