Por Carlos Hartig.
En un desplante de dignidad que sacudió los cimientos del poder estatal este 1 de mayo, Guillermina García Rodríguez, lideresa de la Sección 20 del SNTE, lanzó una embestida frontal contra una administración que ha convertido el hostigamiento y la persecución en su sello distintivo. La dirigente fue tajante al señalar que la unidad sindical actual no es un gesto de cortesía, sino un frente de resistencia ante las «malas prácticas» de un gobierno que parece más empeñado en golpear a la clase trabajadora que en garantizar la estabilidad social del estado.
La denuncia más estremecedora fue el señalamiento de la indolencia gubernamental ante la desaparición de maestros, crímenes que permanecen en la sombra debido a un clima de terror que impide las denuncias formales. Mientras la narrativa oficial pregona una paz inexistente, la realidad en las aulas es de miedo y vulnerabilidad; García Rodríguez denunció que «aquí no pasa nada» para la autoridad, mientras se lesiona sistemáticamente la dignidad de quienes forman a las nuevas generaciones en un estado donde la justicia parece ser un privilegio de pocos.
La hipocresía política quedó al descubierto al abordar la traición a los jubilados, quienes hoy son víctimas de promesas de campaña incumplidas respecto al pago de bonos ya minutados. La lideresa calificó como una «burla» y un «engaño» el trato hacia los trabajadores en retiro, advirtiendo que el sindicato no aceptará que sus agremiados envejezcan en la pobreza tras una vida de servicio. Esta política de abandono financiero se suma al rechazo total a la Ley de Pensiones del ISSSTE, una normativa que solo ha servido para precarizar el retiro con cuentas individuales insuficientes.

En el terreno de la legalidad, el SNTE 20 arremetió contra la Ley Local de Justicia Laboral en Nayarit, denunciándola como una herramienta de simulación que, lejos de proteger al obrero, genera obstáculos y desigualdades para la defensa de sus derechos. La justicia en el estado fue descrita como una fachada institucional que entorpece los procesos en lugar de agilizarlos, dejando en claro que para el magisterio, la actual administración ha sustituido la garantía constitucional por la burocracia punitiva y el atropello legislativo.
La corrupción en la asignación de plazas fue otro punto de ignominia señalado: el magisterio exigió el cese de las asignaciones «por debajo de la mesa» y la transparencia en el Departamento de Procesos (USICAMM local). García Rodríguez denunció que la autoridad educativa ha modificado lineamientos de forma unilateral y opaca, dejando en la incertidumbre a los aspirantes de la convocatoria 2025-2026. La demanda es innegociable: entrega inmediata de plazas definitivas a quienes ganaron su derecho por examen y fin al autoritarismo en niveles como DGETI, DGETAyCM y Ciencias del Mar.
Hacia los sectores más olvidados, la crítica fue mordaz al señalar que la «inclusión» de los pueblos indígenas es solo de nombre y se limita a monumentos vacíos sin justicia social real. Asimismo, se evidenció el fraude laboral contra el personal de Misiones Culturales, a quienes se les ha postergado tramposamente su basificación mediante la manipulación de órdenes de presentación para evitar el reconocimiento de su antigüedad. Para la dirigencia, estos abusos son la prueba fehaciente de un gobierno que desprecia la labor técnica y manual de sus trabajadores.
Finalmente, Guillermina García cerró con una advertencia fulminante: el sindicato tiene 90 años de historia, una vigencia que supera por mucho la temporalidad de cualquier administración en turno. «No venimos a pedir favores, venimos a exigir», sentenció ante una multitud que clamaba justicia, recordándole al Gobierno de Nayarit que mientras persista la precarización y el autoritarismo, el magisterio seguirá de pie, porque en este estado, luchar es también una forma de educar.

