Por Ricardo Reyes.
Un nuevo señalamiento vuelve a poner bajo la lupa a funcionarios y su entorno cercano en la capital nayarita, luego de que en redes sociales comenzara a circular un video donde se exhibe a un abogado presuntamente vinculado con una funcionaria del Ayuntamiento de Tepic.
De acuerdo con versiones difundidas en plataformas digitales, la esposa del litigante ocuparía el cargo de jueza civil dentro del propio gobierno municipal, lo que ha encendido alertas sobre un posible conflicto de intereses y uso indebido de influencias.
La polémica crece aún más debido a que ambos habrían sido captados fuera del país —o en actividades recreativas— durante días y horarios considerados laborales, lo que ha generado cuestionamientos directos sobre el cumplimiento de sus responsabilidades públicas.
Hasta el momento, ninguna autoridad municipal ha emitido una postura oficial que aclare si la funcionaria contaba con permiso, licencia o justificación legal para ausentarse de sus funciones, lo que alimenta la percepción de opacidad.
Especialistas en transparencia señalan que este tipo de situaciones no solo comprometen la ética del servicio público, sino que también erosionan la confianza ciudadana en las instituciones, particularmente cuando se trata de áreas sensibles como la impartición de justicia.
El caso también abre el debate sobre los vínculos entre actores privados y servidores públicos, especialmente cuando existe una relación directa que podría influir en procesos legales o decisiones administrativas.
Mientras tanto, en redes sociales crecen las exigencias para que el Ayuntamiento de Tepic y los órganos de control interno investiguen los hechos y, en su caso, determinen responsabilidades.
Porque en Nayarit, una vez más, la pregunta no es menor:
¿se trata de un derecho laboral legítimo… o de un privilegio disfrazado de impunidad?

