LA LEALTAD DEL CRIMEN: ANDREA NAVARRO Y EL RESPALDO POR EL QUE NAYARIT DEBE EXIGIR CUENTAS.
Redacción 
Por Carlos Hartig.
La política no tiene memoria, pero las hemerotecas sí. Hoy, mientras el Departamento de Justicia de los Estados Unidos formaliza una acusación de proporciones históricas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico y la protección a «Los Chapitos», el eco de aquel vergonzoso «¡No estás solo!» retumba con una fuerza devastadora en San Lázaro. En el centro de ese coro de complicidad política se encuentra la diputada federal por Nayarit, Andrea Navarro Pérez, cuya carrera parece estar marcada más por la obediencia ciega a las cúpulas que por el rigor ético que su cargo y sus representados en Tepic exigen.
Aquel 24 de octubre de 2024, Andrea Navarro no solo levantó la voz; levantó un muro de impunidad mediática para proteger a un hombre que ya estaba bajo la lupa por la sombra de Ismael «El Mayo» Zambada. Mientras Sinaloa se desangraba y las dudas sobre la integridad de Rocha Moya crecían, la legisladora nayarita prefirió la consigna partidista por encima de la prudencia legislativa. Hoy, con una acusación formal en Nueva York que señala a Rocha Moya como una pieza clave en el engranaje del Cártel de Sinaloa, ese respaldo público deja de ser un simple acto de solidaridad para convertirse en un estigma de encubrimiento político que la diputada difícilmente podrá sacudirse.
Resulta insultante que una representante que presume una trayectoria en la construcción de paz y derechos humanos —según su propia hoja de vida en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana— haya sido la primera en validar a un personaje hoy señalado como cooperador del crimen organizado. ¿Es esa la «paz» que Andrea Navarro promueve para Nayarit? Al cerrar filas con Rocha Moya, la diputada no solo traicionó la confianza de los ciudadanos que buscan justicia, sino que alineó el nombre de su estado con uno de los capítulos más oscuros de la narcopolítica contemporánea, demostrando que para ella la ideología pesa más que las víctimas.
La gravedad de las acusaciones presentadas este 29 de abril de 2026 por la justicia federal estadounidense no admite matices: se habla de conspiración, armas de guerra y una red de protección oficial que operaba bajo el amparo del gobierno sinaloense. Ante este escenario, el silencio de Navarro es ensordecedor. Ya no bastan los discursos incendiarios sobre el «fascismo de derecha» o las «mujeres proletarias» que suele proferir en tribuna; hoy se le demanda una explicación clara sobre por qué decidió poner su capital político al servicio de un presunto aliado del narcotráfico. La lealtad partidista tiene un límite, y ese límite es la ley.
Este escándalo no solo mancha su curul, sino que pone en tela de juicio la integridad de toda la bancada oficialista que, bajo el mando de Ricardo Monreal, convirtió el recinto parlamentario en un refugio para sospechosos. Para Navarro, quien ha ocupado cargos de relevancia en seguridad pública y participación ciudadana, desconocer los riesgos de defender a un funcionario bajo fuego internacional es síntoma de una de dos cosas: una alarmante incompetencia o una voluntad deliberada de solapar lo indefendible. En cualquiera de los dos casos, su idoneidad para representar al pueblo nayarita queda reducida a cenizas.
La pregunta que hoy circula en los pasillos de Tepic y en el Congreso de la Unión es hasta dónde llega el compromiso de Navarro con los personajes que hoy son buscados por cortes internacionales. Si la justicia de Estados Unidos logra probar que Rocha Moya utilizó la infraestructura del estado para favorecer al crimen, la diputada pasará a la historia como una de sus principales porristas oficiales. No es un error menor; es la validación política de un sistema que permite que el narcotráfico se siente en la mesa de las instituciones, mientras los legisladores aplauden desde sus asientos de piel.
Nayarit no merece representantes que actúen como escudos humanos de figuras bajo sospecha criminal. La gestión de Andrea Navarro Pérez quedará marcada por ese video en el que, entre vítores, intentó normalizar lo que hoy la justicia califica como delincuencia organizada. Si la diputada tiene un gramo de congruencia con los principios de «no mentir, no robar y no traicionar», debería ser la primera en exigir que se investigue a fondo al hombre que defendió con tanto ahínco. De lo contrario, su «¡No estás solo!» será recordado como el grito de una clase política que prefirió hundirse con sus aliados antes que rescatar la dignidad del Estado mexicano.
