En un acto de cinismo institucional, la Secretaría de Educación de Nayarit mantiene retenidos cerca de 18 millones de pesos destinados a los CENDIS, condenando al hambre a cientos de familias trabajadoras que no reciben sueldo desde enero. Mientras el recurso federal se «jinetea» en la opacidad, la autoridad educativa evade su responsabilidad, vulnerando los derechos humanos de docentes y de más de 1,500 niños que hoy quedan en el abandono.

Por Carlos Hartig
Directivos y trabajadores de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) Paulo Freire han interpuesto una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante lo que califican como un bloqueo administrativo injustificable. La medida surge tras cuatro meses de impago salarial que mantienen en la precariedad a cientos de familias, mientras el recurso federal —presupuestado y radicado en el estado— permanece retenido sin explicación clara.
Armando Sánchez Flores, director del plantel en Zacualpan, denunció que la Secretaría ha ignorado los lineamientos federales, desplazando a la coordinación estatal para realizar una distribución discrecional del dinero. «Estamos a ciegas», afirmó Sánchez Flores, señalando que las autoridades educativas han argumentado verbalmente que el recurso les pertenece y lo repartirán conforme a su criterio, violando los protocolos de transparencia.
La parálisis financiera afecta directamente la operatividad de los centros y vulnera el derecho a la educación de más de 1,500 niños. La crisis ha escalado al grado de que las maestras ya no cuentan con recursos para el transporte público o su alimentación, haciendo que la labor educativa sea «difícilmente sostenible» debido al abandono institucional.
El director reveló que el personal ha tenido que vender pertenencias, solicitar préstamos e incluso han enfrentado enfermedades derivadas de la insolvencia económica. «Es difícil laborar sin una quincena… pero ya van cuatro meses», sentenció, resaltando la vocación de un personal que se mantiene en pie pese a que la Secretaría se niega a liberar el sustento que ya está en las arcas estatales.
La opacidad apunta a los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), cuyo titular solo atendió una reunión para luego deslindarse de la problemática. Esta actitud evasiva refuerza la sospecha de un desvío o «jineteo» de los recursos, estimados entre 15 y 18 millones de pesos, que legalmente corresponden al salario de intendentes, maestros y veladores.
Finalmente, el llamado es directo al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero para que escuche a las madres y padres trabajadores. Los CENDIS aseguran estar listos para reincorporarse a las aulas en cuanto se libere el recurso, dejando la responsabilidad de la crisis en manos de una autoridad que ha decidido ignorar la ley y la dignidad de sus empleados.

