Redacción 
Por Carlos Hartig.
El conflicto en Playa Las Cocinas ha escalado de un pleito vecinal por accesos a una crisis de legitimidad política en Bahía de Banderas. Tras la liberación de los tres manifestantes detenidos el pasado fin de semana, la narrativa oficial del alcalde Héctor Santana —quien ha intentado posicionarse como el mediador conciliador— chocó de frente con la realidad de los activistas. Las palabras de Pepe Ávila son contundentes: no hubo «gestos heroicos» ni favores políticos. Lo que hubo fue la presión social obligando a la autoridad a cumplir con el debido proceso tras detenciones que muchos califican de arbitrarias.
La postura del vocero Ávila no solo desmitifica la figura del «alcalde salvador», sino que pone el dedo en la llaga sobre la criminalización de la protesta. Al denunciar que las fuerzas estatales preguntaban por líderes específicos con nombre y apellido, el movimiento está enviando una señal de alerta internacional: en Punta de Mita, defender el patrimonio natural se ha vuelto una actividad de alto riesgo. Esta táctica de intimidación sugiere que el gobierno estatal y municipal podrían estar más preocupados por proteger los intereses de desarrolladores privados que los derechos constitucionales de sus ciudadanos.
Resulta irónico que, mientras el discurso oficial de Santana apela a la paz social, en el terreno se reporta la destrucción de una zona costera icónica. La crítica aquí es hacia la omisión institucional. Si el alcalde realmente estuviera haciendo su trabajo de manera integral, no estaría negociando liberaciones, sino deteniendo las obras que originaron el conflicto. La liberación de los detenidos parece más una válvula de escape para reducir la presión mediática que un compromiso real con la justicia ambiental y social.
El temor a represalias manifestado por Ávila no es un dato menor. En un México donde la defensa de la tierra suele terminar en carpetas de investigación amañadas o desapariciones, que un activista señale directamente al aparato estatal como perseguidor es un grito de auxilio. La administración de Héctor Santana se encuentra en una encrucijada: o garantiza la seguridad de quienes disienten, o confirma que su administración es solo un brazo ejecutor de los intereses inmobiliarios que hoy cercan las playas de Nayarit.
La opacidad en torno a la «presunta destrucción» de Playa Las Cocinas alimenta la desconfianza. Hasta que no se presenten los permisos ambientales definitivos y se garantice el libre acceso a la zona federal, cualquier acción del ayuntamiento será vista como una simulación. La narrativa de «hacer un favor» es una reliquia del viejo sistema político donde el derecho se intercambiaba por lealtad; los ciudadanos de Punta de Mita han dejado claro que ellos no buscan concesiones, sino el respeto irrestricto a la ley.
Finalmente, el conflicto en Punta de Mita es un microcosmos de la lucha por el territorio en las costas mexicanas. La tensión seguirá creciendo mientras la autoridad intente apagar el fuego con retórica en lugar de legalidad. Héctor Santana tiene la oportunidad de pasar de ser un gestor de crisis a un gobernante que respete la voluntad popular, pero para ello debe entender que cumplir con la ley nunca será un favor, sino el requisito mínimo para ocupar su cargo.
