SEPEN bajo sospecha: Temen que «jineteen» recursos de CENDIS mientras Eduardo Villarreal asfixia a la niñez.
Redacción 
Por Carlos Hartig.
La denominación CENDIS, que se identifica como Centros de Desarrollo Infantil, representa mucho más que un refugio educativo; son el pilar de cientos de familias trabajadoras que hoy ven con indignación cómo la negligencia administrativa apaga sus luces. Jaime Cervantes Rivera, coordinador estatal de estos centros «Paulo Freire», ha denunciado frontalmente lo que parece ser una estrategia de sabotaje y robo institucional por parte de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN). Mientras la operatividad de los planteles pende de un hilo, la sospecha de que la autoridad estatal busca «jinetear» recursos federales para fines ajenos a la educación se vuelve una acusación que retumba con fuerza en todo el estado.
Es una tragedia que se atente contra un modelo educativo ejemplar, pues los CENDIS son reconocidos por la belleza de su labor: espacios dignos donde los niños no solo reciben educación inicial de calidad, sino también una alimentación balanceada y un cuidado amoroso que permite el desarrollo integral de los más pequeños. Estos centros son oasis de aprendizaje y seguridad para los hijos de los trabajadores, donde cada rincón está diseñado para estimular la creatividad y el bienestar de la niñez nayarita. Es este entorno armonioso y vital el que hoy se encuentra amenazado por la indiferencia gubernamental.
La crisis ha escalado a un punto de no retorno tras meses de salarios impagos y el vergonoso corte del suministro eléctrico en los planteles, dejando a niños en la oscuridad. Resulta inadmisible que, bajo la dirección de Eduardo Villarreal Guereña, la estructura de los SEPEN opere con una opacidad que raya en lo criminal y una falta de sensibilidad humana alarmante. El temor de los trabajadores es una realidad latente: existe la certeza de que la dependencia está reteniendo y manipulando el dinero del subsidio federal de forma dolosa, retrasando la entrega de fondos que ya fueron etiquetados en la Ciudad de México, dejando a cientos de empleados en la miseria absoluta.
Un punto de fricción central, expuesto en la crudeza de los audios de la coordinación, es la pretensión autoritaria de Villarreal Guereña de imponer montos y listas de pago a su antojo, ignorando los acuerdos legales que incluyen un aumento salarial del 13%. Esta actitud dictatorial, al intentar actuar como un filtro discrecional para decidir quién recibe su sueldo y quién no, no es solo una falta administrativa, sino un ataque directo a la supervivencia de los trabajadores. El intento de controlar el flujo financiero de los CENDIS se percibe como una táctica de extorsión institucional para doblegar a una organización que se niega a permitir que el recurso sea «pichicateado» por manos políticas.
La desatención ha llegado a niveles de crueldad sistémica: escuelas sin luz, maestros sin sustento para sus propios hijos y una parálisis total que parece no quitarle el sueño a la cúpula de los SEPEN. Esta situación es el resultado de una gestión que prefiere el conflicto, el hostigamiento y el manejo oscuro de las cuentas antes que garantizar la transparencia mínima que exige su cargo. Si la dependencia insiste en mantener secuestrado el presupuesto y en imponer condiciones fuera de toda legalidad, el colapso del sistema será responsabilidad directa y única de una administración que ha demostrado que su prioridad es el control del flujo de efectivo y no la protección de la infancia nayarita.
La figura de Eduardo Villarreal Guereña queda marcada por la ineptitud o la malicia, al permitir que el conflicto escale mientras los centros se quedan sin suministros básicos para alimentar a los menores. Es ofensivo que, mientras el personal cumple jornadas de ocho horas por amor a su labor —manteniendo vivos esos espacios educativos tan nobles— la oficina central de los SEPEN se dedique a buscar recovecos legales para no soltar el dinero que ya llegó al estado. La soberbia institucional sugiere que para el titular de los SEPEN, la educación es un negocio o una herramienta de presión política, y no un derecho constitucional.
Es urgente que se rinda cuentas claras sobre el destino de cada peso del subsidio federal y que se detenga de inmediato el uso discrecional de las arcas públicas en Nayarit. El bienestar de los niños y la dignidad de los trabajadores no pueden seguir siendo rehenes de la cuestionable gestión de Eduardo Villarreal Guereña. Los SEPEN deben dejar de «jinetear» lo que no les pertenece y entregar el recurso íntegro de inmediato, permitiendo que la belleza y la armonía de los CENDIS vuelvan a brillar para el futuro de Nayarit, cesando una hostilidad administrativa que ya es insostenible.
