Guadalajara, Jalisco (RRC): En un intento por frenar una práctica cada vez más común entre conductores que cruzan límites estatales para evadir sanciones, autoridades de Jalisco han iniciado negociaciones con el gobierno de Nayarit para concretar un convenio que permitiría aplicar y cobrar multas a infractores, sin importar la entidad donde estén registrados sus vehículos.
La medida, que aún se encuentra en fase de diálogo, pretende cerrar vacíos legales que actualmente permiten a automovilistas incumplir con sus obligaciones sin consecuencias, aprovechando la falta de coordinación entre estados vecinos.

De acuerdo con fuentes oficiales, este acuerdo busca establecer mecanismos de colaboración para el intercambio de información vehicular y la homologación de procesos administrativos, lo que facilitaría la notificación y el cobro de sanciones a quienes cometan infracciones fuera de su lugar de residencia.
En la práctica, esto significaría que un conductor con placas de Nayarit podría ser sancionado en Jalisco y obligado a pagar la multa en su estado de origen, o viceversa, eliminando la impunidad que prevalece en las zonas limítrofes.
Sin embargo, la propuesta también ha encendido alertas entre algunos sectores, que advierten sobre posibles abusos, duplicidad de cobros o fallas en los sistemas de registro, lo que podría derivar en conflictos administrativos para los ciudadanos.
Especialistas señalan que, aunque la intención de fortalecer la legalidad es positiva, el éxito del convenio dependerá de la transparencia en su implementación y de la claridad en los mecanismos de defensa para los conductores.
Mientras tanto, el avance de estas negociaciones pone sobre la mesa un tema que por años ha sido ignorado: la falta de coordinación interestatal en materia de tránsito, un vacío que ha beneficiado a infractores reincidentes y debilitado la autoridad en carreteras y zonas urbanas.
De concretarse el acuerdo, Jalisco y Nayarit sentarían un precedente a nivel nacional en el combate a la evasión de multas, aunque el reto real será garantizar que esta medida no termine afectando más a los ciudadanos cumplidos que a los infractores.

